Evalúan impacto de leyes migratorias

Atlanta/EFE – Líderes políticos, gremiales y religiosos se reunieron ayer en Atlanta para la Cumbre del Sureste para crear un nuevo consenso sobre los inmigrantes y Estados Unidos, en la que discutieron el impacto de las leyes migratorias de los estados de la región.

Los panelistas enfatizaron en el impacto que leyes como la HB87 han tenido en las principales industrias de Georgia y coincidieron en que el tema migratorio debe ser resuelto a nivel federal y no por los estados.

“Con la autoridad también viene la responsabilidad y nuestros líderes nacionales nos han fallado. Es hora de que nuestros funcionarios federales tomen las riendas, demuestren liderazgo y aprueben una reforma integral”, dijo el exfiscal general, Alberto González, orador principal del evento en el que participaron más de cien representantes de diferentes sectores de los estados de Alabama, Florida, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Tennessee.

Georgia, cuya población indocumentada se estima supera las 400,000 personas, se convirtió en uno de los primeros estados del sureste de Estados Unidos en seguir los pasos de Arizona con la aprobación de la ley HB87.

El encuentro se da en medio de la expectativa generada en torno a la inminente decisión de la Corte Suprema sobre la ley SB1070 de Alabama, que tendría implicaciones para los estados de Alabama, Carolina del Sur y Georgia, que aprobaron legislaciones similares.

Representantes de la industria agrícola y de alimentos de la región destacaron a su vez la necesidad de que se actúe para revertir los efectos negativos de estas leyes antes de que se haga más daño a estas importantes fuentes de trabajo.

“Estamos enfrentando una escasez de trabajadores que ya ha afectado a nuestra industria y es hora de que nuestros representantes electos empiecen a representar a la gente”, dijo Karen Bremer, directora ejecutiva de la Asociación de Restaurantes de Georgia (GRA), que agrupa a cerca de 2,500 negocios.

Bremer destacó la “seriedad” del asunto y la necesidad de que el gobierno federal actúe para solucionarlo lo más pronto posible.

De acuerdo con una encuesta que llevó a cabo el pasado año la organización, cerca de la mitad de los restaurantes de Georgia han experimentado escasez de trabajadores tras la aprobación de la ley estatal de inmigración HB87.

La industria de servicios de alimentos, que emplea en Georgia a más de 375,000 personas y genera ganancias por cerca de 14,000 millones de dólares anuales, fue una de los primeros gremios en expresar su oposición a la medida.

La industria agrícola de Georgia, que genera ingresos por más 68,000 millones de dólares al año, experimentó la mayor escasez de trabajadores en décadas tras la aprobación de la HB87, situación que además provocó que los agricultores recortaran su producción para el presente año.

En la reunión además participaron representantes de la Asociación de Funcionarios Electos Latinos de Georgia (GALEO, la Alianza Latina de Georgia Pro Derechos Humanos (GLAHR), así como el alcalde de Uvalda (Georgia) Paul Bridges, que se ha convertido en un férreo defensor de los inmigrantes indocumentados en el estado.

“Las leyes que se han aprobado en estos estados están destruyendo las economías locales, están separando a las familias y necesitamos enviar un mensaje de que existe un consenso de que se necesita que el gobierno federal actúe para remediar el daño que estas leyes han hecho”, declaró Bridges, que es uno de los querellantes en una demanda contra la ley HB87.