Siguen las demandas contra el apartado 2B

El fallo de la Suprema Corte de Justicia respecto a la SB1070 o Ley Arizona, no significa que entre en vigor, explicaron abogados y activistas expertos en el tema.

El único artículo denominado “Show me your papers” que quedó vivo tras la revisión judicial, no se puede ejecutar ya que existe una demanda de la corte de distrito y un par de demandas pendientes.

De hecho, explicó Héctor Villagra, director de la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU), es posible que nunca se ejecute esa porción de la ley.

“La restricción de la corte de primera instancia no se ha levantado”, mencionó Villagra. “Y todavía están pendientes nuestras demandas por perfil racial, detenciones prologandas y violaciones a la Cuarta Enmienda y a la Enmienda 14”.

Para la ACLU, las tres disposiciones de la Ley Arizona ya están muertas, mientras que la cuarta está con respirador artificial.

“Esa provisión no se aprobó, la Suprema Corte dejó en claro que se puede desechar dependiendo de cómo se aplique”, recalcó Villagra.

Víctor Viramontes, abogado del Fondo Mexicoamericano para la Defensa Legal y Educación (MALDEF), explicó que el siguiente paso es que la demanda contra la SB1070 regrese a la corte de primera instancia donde están pendientes otras demandas que exigen una revisión del artículo 2B respecto al perfil racial, por lo que esa disposición legal de “Show me your papers” no entraría en vigor.

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A decir de Viramontes, el procedimiento en el que la corte de distrito retoma el expediente enviado por la Suprema Corte de Justicia puede tomar de uno hasta siete meses.

En una conferencia de prensa que reunió ayer a diferentes organizaciones proinmigrantes, el alcalde Antonio Villaraigosa aseguró que no hay forma de que esta ley se pueda implementar sin que se discrimine y se use el perfil racial.

“Entendemos que Los Ángeles es el epicentro de la comunidad inmigrante y de la población indocumentada que ha contribuido a este estado y a esta ciudad”, mencionó el alcalde.

Villaraigosa dijo estar a favor del TRUST Act y en contra del programa Comunidades Seguras o S-Comm.

Aunque las diferentes organizaciones reunidas ayer indicaron que California no es Arizona, para Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), aseguró que el condado de Los Ángeles está peor que Maricopa en cuanto a deportaciones.

En Los Ángeles, indicó, se han llevado a cabo 23 mil deportaciones a través del programa Comunidades Seguras o S-Comm, mientras que en Maricopa, que comanda el sheriff Joe Arpaio, han sido 17 mil.

Tras el fallo de la Suprema Corte, las organizaciones proinmigrantes anunciaron una campaña para movilizar a votantes en las elecciones de noviembre y enviar un mensaje del poder inmigrante a legisladores que pretenden establecer ese tipo de leyes.

“Es el momento para movilizar y construir el poder en las calles y en las urnas”, comentó Angélica Salas, directora de CHIRLA.

Justino Mora, líder del movimiento estudiantil DREAMers, indicó que en los próximos días cientos de estudiantes estarán saliendo a las calles para registrar votantes y convencerlos de votar, mientras que Mike García, líder sindical de la SEIU, señaló que estarán haciendo lo propio como movimiento laboral.

“Somos parte del 99% y debemos parar el racismo y la discriminación”, comentó García.

María Elena Durazo, dirigente en Los Ángeles de la central sindical AFL-CIO, añadió que seguirán participando en la movilización política para sacar de la escena a personajes como el exsenador Russell Pearce, uno de los artífices de la ley SB1070.

El presidente en Los Ángeles del American Jewish Committee, Cliff Goldstein, se sumó a la andanada de reacciones por el fallo judicial.

“Tenemos la obligación moral de parar esta persecución racial, los prejuicios y la discriminación que está dejando el quebrantado sistema de inmigración”, dijo el líder judío. “Todas nuestras libertades están en riesgo si permitimos que alguien sea detenido sólo por su apariencia de inmigrante”.