Temen E-Verify genere discriminación

Charlotte, Carolina del Norte – Los defensores de los hispanos en Carolina del Sur advierten de que la disposición que obliga a las empresas a revisar el estado migratorio de sus nuevos empleados provocará la “discriminación” contra la comunidad.

“Ya está creando una clase diferente de trabajadores”, afirmó Roberto Belén, miembro del Consejo de Liderazgo Hispano de Carolina del Sur porque “un empleador, para no meterse en problemas, preferirá contratar al candidato de apellido Smith en vez de Pérez, inclusive si éste último tiene sus documentos en regla”.

Tras la puesta en marcha en 2008 de la versión estatal de una ley migratoria, que exige a las empresas utilizar el programa federal E-Verify para comprobar la legalidad de los trabajadores, las autoridades laborales han ido paulatinamente entrenando a los negocios sobre la nueva reglamentación y advirtiendo de su cumplimiento.

El pasado 1 de julio fue la fecha límite para que todas las empresas del estado cumplan con el requisito o enfrenten castigos, que incluyen periodos de prueba, multas o, inclusive, suspensión de la licencia de operación para los que contraten a indocumentados.

Cifras del Departamento de Trabajo, Licencias y Regulaciones de Carolina del Sur (LLR), entidad encargada del cumplimiento de la ley, apuntan que cerca 1,997 empresas han sido auditadas al azar desde el principio de año hasta el 30 abril, y el 92% ha cumplido con la medida.

De esas, 904 compañías utilizaron el E-Verify, 130 no lo hicieron, otras 658 no contrataron a nuevos empleados y 305 cerraron sus puertas.

“Esto no es nuevo, esta parte de la ley general de inmigración de Carolina del Sur que se ha ido aplicando poco a poco, lo que ahora preocupa son las sanciones en especial para las empresas pequeñas que no cuentan con personal de recursos humanos”, destacó Iván Segura, del Consejo de los Mexicanos en las Carolinas.

“Nos inquietan los errores administrativos, como por ejemplo la costumbre de los hispanos de utilizar los dos apellidos, y si la personas que introduce los datos en el E-Verify no está familiarizada con esta práctica, podrían rechazar al solicitante”, enfatizó.

Segura destacó que aunque la ley exige que todos los nuevos solicitantes de empleo deben ser revisados, los hispanos corren un riesgo mayor de ser rechazados durante el proceso.

“Si hay una confusión o error, lo que hacen los empleados es que descartan al hispano por la percepción que es indocumentado, pero si la otra persona no hispana y no pasa por cualquier circunstancia, reinician el proceso. Eso es discriminación y está ocurriendo”, enfatizó Segura.

Por su parte, Belén, de origen puertorriqueño y retirado en 2007 de la Fuerza Aérea, enfatizó que la situación actual para el trabajador latino en Carolina del Sur es difícil “con o sin documentos”.

El activista, que trabajó en 2010 para la Oficina del Censo, añadió que el conteo arrojó que sólo 1 de cada 5 hispanos en el estado es indocumentado contrario a la percepción del ciudadano común que “todos en esta comunidad son indocumentados”.

“La gente aguanta abusos por mantener sus trabajos y hasta se les está complicando conseguir empleo en sitios que no demandan mucha educación por el simple hecho de tener apellido hispano. Algunos inclusive han abandonado el estado”, apuntó.

Bajo la nueva medida, las empresas que incurran en violación a la ley serán puestas a prueba por un periodo de un año y durante ese lapso deberán presentar reportes cada cuatro meses al LLR.

De volver a cometer otra falta por contratar a indocumentados, el estado cerraría la empresa entre 10 a 30 días a través de la suspensión temporal de su licencia de operación.

La compañía sólo podrá reiniciar operaciones al demostrar que despidió al empleado y pagó la multa de $1,000 por persona.