Crisis institucional en El Salvador se agrava

Estados Unidos llama a las partes a solucionarla

SAN SALVADOR (EFE).- La crisis institucional entre los órganos legislativo y judicial de El Salvador se agravó el martes con la anulación de la elección del fiscal general, al tiempo que Estados Unidos exhortó a las partes a solucionar el conflicto.

La Sala de lo Constitucional del Supremo declaró inconstitucional la elección de Astor Escalante como nuevo fiscal general, con el mismo argumento que esgrimió el pasado 5 de junio para anular la de una veintena de magistrados del máximo tribunal: que un mismo Parlamento no puede designar más de una vez esos cargos.

Escalante fue elegido por la Asamblea Legislativa el 24 de abril pasado y debía asumir el puesto el 18 de septiembre próximo, en sustitución de Romeo Barahona.

El diputado del partido minoritario Cambio Democrático (CD), Douglas Avilés, declaró a periodistas que la anulación de la elección de Escalante “agrava” la crisis que tiene enfrentados al Parlamento y al Supremo.

El conflicto se inició el 5 de junio pasado, cuando la Sala de lo Constitucional anuló las elecciones de los magistrados llevadas a cabo en 2006 y el 24 de abril pasado, y ordenó hacerlas de nuevo.

El Parlamento desconoció ese fallo y acudió a la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), que el 21 de junio pasado dictó la suspensión de las sentencias hasta emitir un fallo definitivo, una decisión que, a su vez, el máximo tribunal salvadoreño también desconoció.

Al igual que en el caso de los magistrados del Supremo, la Sala de lo Constitucional argumentó este martes que Escalante no debía ser elegido por la legislatura pasada, que terminó el 30 de abril, sino por la actual, que se inició el 1ro. de mayo.

En medio del conflicto, el pasado día 1ro. los magistrados cuya elección fue anulada asumieron sus cargos en una sesión a la que no asistió el presidente del Supremo y de la Sala de lo Constitucional, Belarmino Jaime, y en medio de una operación policial que garantizó su ingreso a la sede del Poder Judicial.

Este martes, poco antes de que se anunciara la anulación de la elección del fiscal general, la embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Mari Carmen Aponte, llamó al Parlamento y la Corte Suprema a terminar con la “crisis constitucional”.

Estados Unidos “está preocupado (…) por la crisis constitucional que vive El Salvador”, expresó Aponte, por lo que exhortó a las partes “a buscar una pronta resolución dentro del marco de la Constitución salvadoreña”.

El diputado Avilés también se mostró preocupado por la próximas resoluciones de la corte.

“¿Qué podemos esperar más adelante? No sé qué más viene, pareciera que las resoluciones de carácter político tienen un espacio privilegiado en la agenda de la Corte Suprema”, resaltó.

La Sala Constitucional aún tiene pendiente resolver dos demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la designación, por parte del presidente del país, Mauricio Funes, del ministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, y del director de la Policía Nacional Civil, Francisco Salinas, ambos militares retirados.

La confrontación entre los organismos salvadoreños sigue estancada, a pesar de que el pasado jueves una comisión de la Asamblea Legislativa inició un proceso de diálogo en busca de una solución, que en su primera reunión no alcanzó ningún resultado.

El partido gubernamental Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y los partidos minoritarios están en contra de las resoluciones de la Sala, mientras la opositora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) está a favor.

Empero, ARENA, con el apoyo de los minoritarios, eligió a los magistrados de 2006, lo que rechazó el FMLN, por lo que algunos sectores acusan a ambos partidos de doble moral.

La Constitución salvadoreña no precisa en qué período debe elegirse a los magistrados del Supremo y al fiscal general.

La crisis ha generado posiciones encontradas entre los diferentes sectores del país, que ven más lejana una salida del conflicto, porque nadie cede en los sectores involucrados.