Rechazan plan de Comunidades Seguras del ICE

Renuentes a confiar en las repetidas promesas del gobierno federal de que el programa Comunidades Seguras está allí primordialmente para detener a delincuentes peligrosos, estados, condados y ciudades han comenzado a aprobar sus propias medidas para limitar el alcance del mismo en sus localidades.

La clave de la resistencia está en opiniones legales que afirman que ICE no puede obligar a un departamento de policía local a retener a un inmigrante más del tiempo que toma resolver cualquier problema judicial no relacionado con el estatus migratorio de la persona.

“Los “holds”, (órdenes de retención que solicita ICE cuando identifica a un posible inmigrante deportable por medio de las huellas digitales) son la clave de este programa, al que consideramos más un programa de deportaciones y no de seguridad pública”, dijo Saraí Uribe, coordinadora de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON).

“Numerosas opiniones legales afirman que el cumplimiento de esos “holds” es voluntario y no obligatorio como el gobierno federal nos quiere hacer creer”, añadió Uribe.

Por ejemplo, el concilio de Washington D.C. se convirtió ayer en el más reciente de los gobiernos locales en aprobar medidas para limitar la respuesta de sus policías locales a las peticiones del gobierno federal y de ICE.

“Definitivamente estoy convencido de que es necesario tomar medidas para mitigar el daño que este programa está causando en las comunidades”, dijo durante una teleconferencia ayer Ron Hampton, director de Afroamericanos en Agencias de La ley, un veterano retirado de la policía metropolitana de D.C. quien testificó ante el concilio de esa ciudad encontra de esta medida.

Hampton aseguró que el programa es “incompatible con el estilo policial comunitario” y afirmó que aplicarlo “rompe los lazos necesarios entre agencias de la ley y las comunidades inmigrantes para prevenir y resolver delitos”.

Esta semana, en doce ciudades del país, grupos críticos de Comunidades Seguras realizaron una serie de marchas, protestas y eventos de presión para pedir que sus agencias de la ley locales actúen en forma defensiva ante el programa Comunidades Seguras, un proyecto federal de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) bajo el cual se revisan las huellas digitales de todas las personas arrestadas por cualquier motivo.

El programa ya funciona en prácticamente todo el país y ha sido objeto de severas críticas de parte de jefes policiales, activistas de derechos civiles, grupos religiosos y organizaciones pro inmigrantes.

“Lo que Comunidades Seguras ha creado es un temor enorme en la comunidad inmigrante, nos preocupa enormemente la dignidad humana de nuestros hermanos y hermanas”, dijo el cardenal y arzobispo emérito de Los Angeles, Roger Mahony.

En California se aprobó la semana pasada en el senado la medida TRUST, una ley estatal del asambleísta de San Francisto Tom Ammiano (D-13) que propone limitar el efecto del programa a extranjeros convictos de un delito y también incluye protecciones para asegurar que Comunidades Seguras no genere discriminación por uso de perfil racial.

El proyecto de ley ahora debe seguir su curso en la asamblea estatal donde se espera un voto concurrente sin mayores problemas y luego, avanzará hasta la mesa del gobernador Jerry Brown, donde no se sabe lo que puede ocurrir. De aprobarse finalmente la ley, California se convertiría en el primer estado con una ley como esta, que algunos activistas ya están calificando de la “ley anti Arizona”.

Ni el gobernador Brown ni la procuradora del estado Kamala Harris han manifestado su posición respecto a este proyecto de ley a pesar de que ambos fueron elegidos principalmente por el voto de los latinos a su favor. Brown mismo, cuando era procurador, fue el que firmó el primer memorandum con el gobierno federal para aplicar Comunidades Seguras en el estado.

“Lo que le explicamos al gobernador Brown es que ICE le mintió a California indicando que el objetivo era hacer una cosa, detener criminales, cuando la realidad es que daña la seguridad comunitaria y favorece el uso de perfil racial”, dijo el asambleísta Ammiano.

El gobierno federal y ICE mantienen que Comunidades Seguras tiene como prioridad deportar a los delincuentes más peligrosos, aunque entre sus prioridades también está la de deportar a indocumentados con órdenes de deportación pendientes y los que entraron más recientemente.

John Morton, director de ICE, declaró hoy que se está avanzando hacia la prioridad de deportar a más delincuentes (“extranjeros criminales” es el término legal, aunque muchos de ellos fueron arrestados por delitos menores). Según Morton el 55% de los deportados por este programa pertenecen a ese grupo, un aumento significativo del 35% con relación al 2009.

Por su parte Jesús García, comisionado del condado de Cook, que incluye a la ciudad de Chicago, dijo que los gobiernos locales estaban siendo “acosados” para asumir que las órdenes de ICE eran obligatorias.

Su condado aprobó recientemente una ley local según la cual no se entrega a ningún inmigrante que no haya sido convicto de un delito grave o sea menor de edad.

Morton, por su parte, dijo ayer que la medida de Cook era potencialmente contraria a la ley federal y que consultaría al departamento de justicia para considerar medidas legales al respecto.