Quieren ayudar a tránsito migrante

WASHINGTON, D. C.- Primero eran los guardias privados de trenes de carga, luego las pandillas y, hoy, los miembros del crimen organizado. Los migrantes en tránsito por México, han enfrentado diversos peligros en su camino a Estados Unidos. Pero defensores de derechos civiles, insisten en que ahora, la amenaza es, simplemente, la peor de todas.

Llegaron a Washington buscando oídos y voluntad. El obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera, y la representante de la Red de Solidaridad contra la Impunidad, Magdalena López -amparados por la Oficina de Washington para América Latina, WOLA-, no se fueron con rodeos.

“El crimen organizado ha logrado que el tren se detenga. Cuando paran, suben a los migrantes a camionetas. Los policías saben que se los llevan y los dejan pasar igual”, explicó Vera.

“Luego los torturan para obtener los teléfonos de sus familiares en Estados Unidos. Obtienen aproximadamente 3,500 dólares por cada persona. Si no cuentan con parientes, van a las estaciones migratorias y los agentes se los cambian por quienes sí tienen. Incluso la misma policía secuestra a migrantes. Entran a los albergues a sacarlos”, agregó.

Ante líderes de opinión y miembros en las oficinas de diversos congresistas, Vera mencionó uno de los temas más complicados de la política migratoria mexicana. La necesidad de contar con una “visa transmigrante”.

“Con este documento, ellos podrían usar el transporte ordinario, rutas más protegidas, en lugar de estar a merced de los cárteles. El crimen organizado ya tiene identificadas todas sus rutas”, aseguró Vera.

La visa transmigrante es un fantasma entre México y Estados Unidos. Desde hace años que el tema se discute en los pasillos, al hablar sobre los abusos experimentados por los migrantes en tránsito, pero de pasos concretos nada.

La idea es otorgar una visa temporal, que se pueda solicitar con pasaporte en mano, en consulados o en la frontera mexicana.

Aunque hubo cierta esperanza con la nueva Ley de Migración en México, ya ha quedado claro que no existen mayores cambios a las leyes actuales. Es decir la única visa que permite el paso por México es la de visitante, sin permiso para realizar actividades remuneradas. Obtenerla es casi tan difícil como acceder a una visa estadounidense.

“La recepción en las oficinas del Congreso, fue mezclada. Escuché comentarios como, que la visa creará un problema para Estados Unidos, porque abrirá el paso a la migración indocumentada. Pero ellos tienen que entender que la violencia les va a afectar acá. No pueden negar que le traerá problemas y hay que hacer algo”, dijo Vera.

En el Capitolio en tanto, fuentes vinculadas a las relaciones exteriores, comentaron a La Opinión, la preocupación que existe sobre la violencia al otro lado de la frontera, sin embargo, descartaron esta visa, como una solución al problema.

Por otra parte, Vera, junto a López, presentaron evidencia sobre el caso de la masacre de El Charco, ocurrida en 1998, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Aquí, se acusa al Ejército mexicano de atacar a indígenas mixtecos y tlapanecos, que celebraban una reunión comunitaria.

“A 14 años de la masacre, el estado mexicano ha actuado con total impunidad. Los familiares claman por justicia, a pesar del miedo, porque han sido amedrentados durante todos estos años”, enfatizó López.

En espera del proceso en la CIDH y avances en la busca de aliados en Washington, organizaciones de derechos civiles, como WOLA, esperan resultados respecto a un mecanismo que afecta la relación con México: la retención del 15% en la asistencia financiera anual, entregada por Estados Unidos, a través de la Iniciativa Mérida. En años anteriores, esta medida ha propiciado ciertos cambios en el ámbito de derechos humanos en el país.