Critican alto costo para los ‘Dreamers’

Algunos dreamers coincidieron en que "soñar si cuesta" y opinaron que pagar varios cientos de dólares es el primer desafío de un largo proceso.

Nueva York – Según las regulaciones de la nueva ley de acción diferida, los soñadores deberán desembolsar $465 por la aplicación a un permiso de trabajo y la toma de huellas digitales.

Algunos dreamers coincidieron en que “soñar si cuesta” y opinaron que pagar varios cientos de dólares es el primer desafío de un largo proceso.

La colombiana Angy Rivera, estudiante de CUNY e integrante del Concejo de Liderazgo Juvenil de Nueva York (NYSYLC), opinó que el costo es elevado para familias con más de un soñador.

“Será difícil para algunos dreamers pagar ese dinero. Aunque si bien las regulaciones no dan muchas facilidades a estudiantes pobres, creo que pudo ser más caro”.

Rivera, de 21 años, comentó que los formularios gratuitos representan una gran ayuda para cientos de estudiantes que trabajan para pagar la escuela y mantenerse a sí mismos y recomendó acudir a organizaciones comunitarias a buscar ayuda.

“Lo importante también es no caer en fraudes y pagar un costo más alto”, señaló.

Según las regulaciones, se realizará una excepción de los $465 en caso de que el estudiante demuestre que es menor de 18 años, no tiene hogar, carece de apoyo parental y su ingreso es menor que el 150% del nivel de pobreza en Estados Unidos.

También se considerará a personas con discapacidad crónica o que han acumulado más de 25 mil en deudas relacionadas con gastos médicos propios o de un familiar cercano.

La colombiana Melissa García, de 19 años y estudiante de Lehman College, apuntó que su familia deberá realizar un gran esfuerzo para pagar la aplicación al permiso de trabajo.

“Muchos estudiantes no calificamos para una exención y eso nos preocupa porque la economía para nuestros padres no es muy buena actualmente”.

Unas de las regulaciones que sembró optimismo es que si la petición fuera negada, estos no serán referidos al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para su deportación, siempre que el caso no involucre una ofensa criminal, fraude o amenaza a la seguridad nacional.