‘es una grave equivocaciÓn’
Cuando Donald Heller escribió la iniciativa en la boleta electoral que reestableció la pena de muerte en California en 1978 con más circunstancias especiales que harían a alguien elegible para el castigo capital, pensó que era “justo y razonable, ya que proveía una base constitucional para imponer la pena”.
Sin embargo, a cinco años de implementada la pena de muerte, se dio cuenta que se había equivocado y habló abiertamente en contra de lo que alguna vez creyó y defendió con toda firmeza.
“Siempre creí que alguien acusado de asesinato en primer grado tendría la defensa de un abogado competente”, expresó a La Opinión. “Pero eso no es así. De hecho, la pena de muerte ha sido aplicada a muchísimas personas de bajos recursos y de grupos minoritarios. Esencialmente ha funcionado así: si tienes suficiente dinero para defenderte, probablemente podrás evitar la pena capital”.
Desde el 1998, Heller, ahora de 69 años de edad y abogado en Sacramento, se ha convertido en un oponente declarado de la pena de muerte.
Cuando la campaña SAFE California introdujo, hace casi un año la posibilidad de eliminarla y reemplazarla con cadena perpetua sin posibilidad de la libertad condicional, se convirtió en uno de sus principales partidarios.
Una razón fundamental en su cambio de opinión , según Heller, es la posibilidad de ejecutar a una persona inocente. “Algo que nunca debería de ocurrir en un estado civilizado”.
Además de eso, el gran costo al gobierno estatal, de casi 200 millones de dólares al año.
Heller calcula que California ha gastado 4 billones de dólares ejecutando a 13 personas. La última de estas ejecuciones, ocurrió en el 2006.
Un total de 725 personas están en el pabellón de la muerte y pasan en promedio 25 años encarcelados entre la sentencia y la ejecución.
Cifras del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR) indican que 35.9% de los 723 reclusos condenados a la muerte son afroamericanos, 35.7% son anglosajones, 22.8% son latinos, y 5.4% son de otras razas.
“Pienso que el crimen es un acto no discriminatorio, pero cuando alguien es acusado y no tiene dinero para defenderse, independientemente del color de su piel, no va a contar con los mejores abogados”, dice Heller.
La pena de muerte fue legal en California desde que se fundó el estado hasta el 1972, cuando la corte suprema del estado y de los Estados Unidos, declararon que era inconstitucional.
Heller dice que cuando el senador John Briggs lo contrató para escribir la iniciativa en 1978, lo hizo solo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos y sin ninguna otra provisión”.
California tiene un sistema judicial que es “muy escrupuloso” en la protección de los derechos de los acusados, en particular en los casos de pena de muerte, según Heller.
Tradicionalmente ha habido más demócratas en la lucha para eliminar la pena de muerte, pero el número también está aumentando entre los republicanos, partido al que Heller pertenece.
“La pena de muerte lentamente está perdiendo terreno en California”, indicó.
