Tratan de evitar fraudes a ‘dreamers’

Autoridades y activistas han detectado las primeras señales de alerta de posibles fraudes migratorios al registrarse casos en que supuestos abogados están intentando cobrar hasta 1,500 dólares por el trámite de Acción Diferida.

Para entender si califican para el programa de Acción Diferida, no es necesario pagar dinero, señaló el congresista Xavier Becerra, quien ayer encabezó una conferencia de prensa en Iglesia de la Placita para advertir de ese tipo de estafas.

“Los que califiquen tendrían que pagar 465 dólares para la solicitud, no tiene por qué pagar más, tal vez algunos tengan un caso complicado (por cuestiones de antecedentes criminales) y en esos casos requieran de ayuda legal, pero en este momento es saber si califican y cómo entregar la solicitud”, expuso el congresista.

Acompañado de sus colegas Judy Chu y Karen Bass, así como de dirigentes de organizaciones pro inmigrantes, Becerra advirtió que en el primer paso del proceso es esencial entregar una solicitud elaborada de manera correcta, ya que de lo contrario puede dañar su única oportunidad de quedarse en el país legalmente.

El programa de Acción Diferida otorga estatus temporal migratorio y permiso de trabajo para indocumentados menores de 31 años que cumplen con ciertos requisitos. Muchos de los beneficiados son jóvenes que llegaron al país antes de los 16 años de edad, que están o han estudiado y no tienen documentos”.

En el pasado, cuando se han dado beneficios migratorios de este tipo, advirtieron los activistas, han proliferado también los fraudes por notarios públicos o abogados sin escrúpulos que sólo buscan hacer dinero sin realizar los trámites de manera correcta.

John Sandweg, abogado representante de la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, explicó que existe una cláusula de confidencialidad, por lo que cada solicitante puede estar seguro que su información no será compartida con otras agencias del gobierno.

“La información que se envía en las solicitudes, si son aprobados o rechazados, no es enviada a ICE (Oficina de Control de Inmigración y Aduanas), pero si mienten o intentan cometer fraude, entonces serán sometidos a un proceso”, advirtió Sandweg.

Phyllis Coven, directora de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) en Los Ángeles, informó que los formularios para la Acción Diferida estarán disponibles a partir del 15 de agosto en el sitio de Internet: http://www.USCIS.gov/childhoodarrivals o llamando al teléfono 1-800-375-5283.

El interesado primero debe verificar que cumple con los requisitos, tener sus documentos de prueba y enviar su solicitud a partir de esa fecha. Después recibirá una cita para la toma de huellas dactilares y demás exámenes biométricos.

Coven dejó en claro que serán rechazados quienes tengan antecedentes penales por un delito grave o tres delitos menores.

En la página http://www.USCIS.gov/avoidscams se pueden consultar las herramientas para evitar ser víctimas de fraudes.

Angélica Salas, directora de CHIRLA, indicó que ya están listos para ofrecer información y asesoría gratuita, al igual que organizaciones como CARECEN, NILC, NALEO y APALC.

“No hay que pagar por orientación”, insistió Salas. “Sólo hay una oportunidad de probar que califican, pero si tienen delitos deberán ser referidos a servicios legales”.

Martha Arévalo, directora de CARECEN, indicó que el próximo lunes 13 de agosto a las 6:00 de la tarde, en el 2845 W. 7th St. Los Ángeles, tendrán una clínica legal para los jóvenes que tienen dudas sobre sus antecedentes delictivos.

CARECEN también habilitará una unidad antifraude al poner a disposición del público para reportes la línea telefónica 213-385-7800 extensión 136.

Otro foro informativo se llevará a cabo el domingo 19 de agosto a las 9:30 de la mañana en la Iglesia de la Placita Olvera.

Una vez que el interesado esté seguro que cumple con los requisitos para la Acción Diferida, organizaciones y abogados de inmigración estarán ayudando a llenar y enviar las solicitudes con una cuota de entre 40 y 150 dólares.

“Muchas personas pudieran perder su oportunidad si no presentan los documentos que comprueben que califican para este programa”, mencionó la directora de CHIRLA. “Cualquier persona que tenga una infracción o un caso menor de crimen, queremos que tengan una revisión legal, porque este proceso puede llevar a una deportación”.