Arizona hace de aguafiestas
Arizona firma orden para que soñadores no puedan tener licencias de conducir
Manifestantes protestan en Phoenix, ante el Capitolio de Arizona, después que Brewer anunciará la prohibición de entregar licencias a benefiarios del programa ¨Acción Diferida¨. Crédito: AP / The Arizona Republic,Nick Oza
PHOENIX, Arizona.- Una orden ejecutiva de la gobernadora de Arizona para impedir el acceso a una licencia de conducir y posibles beneficios públicos a los jóvenes que califiquen para el plan de acción diferida de Obama fue recibida como un balde de agua helada.
“Es un golpe duro, cuando nos estábamos preparando para esto”, dijo Daniela Cruz, una joven indocumentada de 21 años que forma parte del movimiento PUENTE.
La republicana Jan Brewer dijo que la acción diferida que ofrece la administración de Obama a cerca de 80 mil jóvenes sin documentos en Arizona no les otorga un estatus migratorio legal por lo cual no accederían a ningún beneficio.
Brewer, quien calificó anteriormente al plan del presidente como una forma de “amnistía” es conocida nacionalmente por haber aprobado la ley SB 1070 que convertía en un delito ser un inmigrante indocumentado.
Mediante el plan conocido como DACA los jóvenes que ingresaron al país ilegalmente antes de los 16 años de edad, que tengan un diploma de la secundaria y carezcan de un record criminal calificarán para un permiso de trabajo. DACA es renovable, pero no abre un camino hacia la ciudadanía o residencia de estos jóvenes.
Para varios activistas las acciones de la gobernadora corresponden a una venganza política contra el presidente por haber sometido un desafío legal contra esa ley ante la Corte Suprema de los Estados Unidos que rechazó sus partes clave.
“Estamos muy desilusionados que la gobernadora prefiera el estatus quo de inmigración que está roto”, dijo Carmen Cornejo, directora de CADENA una organización que aboga por el DreamAct, una propuesta federal que podría legalizar a millones de estudiantes sin documentos. “Esta negando la oportunidad a gente que no tiene culpa de estar ilegalmente en el país”.
En la práctica todavía no está claro como se implementará la orden ejecutiva de Brewer. Por una parte, porque los inmigrantes indocumentados no califican para beneficios públicos y generalmente sólo aquellas personas que tienen una tarjeta de residencia tienen acceso a servicios médicos y otros servicios.
En otro aspecto, algunos abogados de inmigración cuestionan que la orden de Brewer pueda acrecentar la confusión entre funcionarios públicos y afectar a otros inmigrantes que no forman parte del plan de acción diferida.
Algunos expertos aseguran que las posibilidad de un desafío a las acciones de Brewer son prácticamente nulas, puesto que el estado tiene el poder de decidir a quién le otorga beneficios o licencias de conducir.
“Sin duda esto no es lo último que vamos a escuchar del tema”, opinó MuzaffarChishti, un abogado de inmigración y director de la Oficina del Instituto de Políticas de Migración en la Universidad de New York. Chishti consideró que es posible que por motivaciones políticas otros estados sigan los pasos de Arizona.
Jóvenes como Cruz aseguran que la decisión de Brewer es negativa pero galvanizará la oposición contra el estado conocido nacionalmente por ser un laboratorio de políticas antiinmigrantes impulsando a un cambio permanente.
“Al fin y al cabo nosotros de todos modos salimos ganando, de todo esto vamos a tener el permiso para trabajar y no nos pueden deportar por esa misma razón”, dijo Cruz.
En la orden, Brewer dijo que quiere reafirmar la intención de la ley vigente de Arizona que niega a los inmigrantes irregulares permisos de conducir y prestaciones que son pagadas por los contribuyentes.
En la década pasada, los electores de Arizona aprobaron en dos ocasiones leyes para que se negaran servicios pagados con recursos de los contribuyentes “como inscripciones a universidad con cobros favorables para residentes” a los inmigrantes que no vivan de manera legal en el país, salvo que lo hubiera ordenado el gobierno federal.
La orden de Brewer señala que el programa federal que da permisos de trabajo no confiere estatus legal a los inmigrantes que no lo tienen y que no les concede el derecho a prestaciones estatales en Arizona.
En la orden se afirma que el cambio de política “podría resultar en que algunos inmigrantes no autorizados consigan indebidamente acceso a prestaciones públicas, algo que sería contrario a la intención de los electores de Arizona y los legisladores que decretaron las leyes que expresamente restringen el acceso a una identificación estatal y a prestaciones financiadas por los contribuyentes”.
La gobernadora ordenó a las oficinas estatales comenzar los procesos para crear normas de emergencia necesarios para implementar la orden.
La representante estatal Catherine Miranda, que apoya el programa federal, consideró mezquino el proceder de Brewer.
“Brewer sólo continúa levantando obstáculos y satanizando a los jóvenes de Arizona”, señaló la legisladora demócrata por Phoenix.
