Analizan polémica ley SB1070
Washington, D.C. – “Esta no es una decisión fácil”. Ese fue el mensaje que pareció transmitir la jueza de la Corte Federal de Phoenix, Susan Bolton, al analizar la polémica sección 2(B) de la ley SB1070 de Arizona.
Un poco más de una hora se demoró la audiencia, donde un grupo de organizaciones exigió a la magistrado, que mantuviera bloqueada la medida. Entre ellos, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU); el Centro Legal Nacional de Inmigración (NILC); La Red de Jornaleros (NDLON); el Centro Legal Asiático Pacífico Americano (AAJC) y la Asociación Nacional para el Progreso de Personas de Color (NAACP).
La sección 2(B) autoriza a la policía, a preguntar por papeles de identificación, si existe una sospecha razonable, de que la persona es indocumentada. Líderes de derechos civiles la califican como un instrumento discriminatorio, que llevará al perfil racial contra hispanos.
Ayer, Bolton examinó también, la provisión relacionada con la asistencia y transporte de inmigrantes indocumentados.
En junio pasado, la Corte Suprema declaró como inconstitucionales, la mayoría de las secciones debatidas en SB1070, excepto 2(B). El tribunal dejó abierta la puerta a futuros debates sobre su legitimidad, bajo el alero de la Constitución.
Desde que la ley fue promulgada en abril de 2010, la jueza Bolton ha lidiado con sus repercusiones, pero ayer, dejó claro que la decisión no es simple. Aunque muchos esperaban un pronunciamiento inmediato, ahora habrá que esperar algunos días.
Durante la audiencia, Bolton cuestionó a ambas partes. En el caso de las organizaciones de derechos civiles, se mostró escéptica frente a la veracidad de artículos de prensa presentados como evidencia.
Linton Joaquin, consejero general de NILC, aseguró que durante la audiencia se “mostró mucha evidencia de que los policías aplicarán la ley para detener personas, prolongando la detención de manera inconstitucional”.
