Deportaciones ‘rompen’ familias inmigrantes

El guatemalteco Felipe Montes con su esposa Marie y uno de sus tres hijos.

El guatemalteco Felipe Montes con su esposa Marie y uno de sus tres hijos. Crédito: ap

STAMFORD, Connecticut – En Sparta, pueblo de montaña de Carolina del Norte, la familia de Felipe Montes encara una dura batalla.

Cuando el servicio de inmigración deportó a este jornalero mexicano de 32 años, sus tres hijos “todos estadounidenses” quedaron bajo el cuidado de su madre, una mujer nacida en Estados Unidos que tiene trastornos mentales. Dos semanas después, los chicos fueron ubicados en hogares temporales.

Montes y su esposa quieren que los niños vivan con el padre en México, donde Montes trabaja en una granja que produce nueces y comparte una vivienda con un tío, una tía y tres sobrinas.

Pero los servicios sociales le pidieron a un juez que le retire la custodia de sus hijos aduciendo que los menores harán una vida mejor en Estados Unidos.

“No tomo, no fumo, no me drogo”, dijo Montes. “Siempre cuidé a mis hijos, siempre les di cariño”.

El cariño de un padre es apenas uno de los elementos que entran en juego. Incluso cuando los niños permanecen con sus padres, las cosas no son fáciles. A menudo no hablan la lengua de su nuevo país y se retrasan en la escuela. Por otro lado, deben acostumbrarse a un nivel de vida inferior al que estaban habituados.

“No tienen el mismo acceso a cuidados médicos y a una educación”, expresó Aryah Somers, abogada de inmigración de Washington que se encuentra en Guatemala con una beca Fulbright, estudiando el efecto de las políticas de inmigración de Estados Unidos en los menores. “Sus padres no están en condiciones de comprar los alimentos a que estaban acostumbrados y vemos muchos niños estadounidenses malnutridos, viviendo en condiciones que serían inaceptables en Estados Unidos”.

Dieciseis de esos niños estadounidenses viven en el poblado de San José Calderas, en Guatemala, en una extrema pobreza, recibiendo muy poca educación y cuidados médicos. Sus padres figuran entre los casi 400 inmigrantes sin papeles detenidos en una redada del ICE en una planta procesadora de carne en Iowa en 2008. Los niños están malnutridos y apenas pueden leer y escribir en español o inglés, de acuerdo con Somers.

Pero tienen algo con lo que sueñan sus primos: un pasaporte estadounidense que les puede abrir las puertas a un futuro mejor. En cuanto tengan la edad apropiada “10 o 12 años_, muchos de ellos serán enviados de regreso a Estados Unidos por sus padres y el gobierno estadounidense, dijo Somers, tendrá que hacerse cargo de las repercusiones sociales, médicas y psicológicas derivadas del hecho de que se tuvieron que ir del país.

Somers, quien lleva ocho meses en Guatemala, dice que se ha topado con cantidades de deportados que se tuvieron que separar de sus familias, incluidos muchos que no tienen antecedentes delictivos y que fueron deportados luego de que se anunció que el ICE adoptaría una política discrecional.

Describió el caso de una mujer de Los Angeles, víctima de violencia doméstica, que fue deportada este año cuando la policía intervino para poner fin a una riña en su casa. Desesperada por reunirse con su hijo de 3 años, quien es ciudadano estadounidense, la mujer se fue a México, desde donde se propone intentar ingresar ilegalmente a Estados Unidos otra vez.

Somers dice que le recomendó no hacerlo, pero que la entiende. “¿Quién puede culparla?”, preguntó. “Está frustrada, destruida”.

Hay algunos indicios de que las cosas pueden estar cambiando. Somers dice que ha oído de casos en los que agentes del ICE suben a aviones que van a trasladar a deportados y sacan a personas que vinieron al país de niños y estudiaron. Acatan así la orden ejecutiva de Obama de junio, según la cual las personas que vinieron al país ilegalmente de niños y no tienen antecedentes penales pueden permanecer en el país y trabajar.

La secretaria de Seguridad Interior Janet Napolitano dijo que esa política es parte de un cambio mayor y que en el futuro el gobierno se enfocará en deportar a las personas violentas o que cometieron delitos.

En Chicago, Marilú González, coordinadora de la oficina de asuntos del inmigrante de la arquidiócesis católica romana, dice que ya vio un primer ejemplo de ese giro. Una mujer que vivía ilegalmente en el país fue detenida por manejar borracha y enviada a un centro de detención, pero no fue deportada, sino que se la liberó, con un monitor en un tobillo y sus hijos no fueron ubicados en hogares temporales, sino que los está cuidando una hermana que también se encuentra en el país ilegalmente.

“Esto no hubiese sucedido anteriormente. Hubiera sido deportada”, comentó González, quien ha visto cientos de casos similares.*

Por su parte Felipe Montes, el jornalero que quiere llevarse a sus hijos a México, recibió un permiso para permanecer en el país y pelear la custodia de los menores, aunque también debe portar un monitor en un tobillo.

De todos modos, apunta González, no hay consistencia en la nueva política ya que todo queda librado al criterio individual del agente del ICE y a mucha gente la parece particularmente cruel el que se considere prioritaria la deportación de una persona que regresó ilegalmente al país para estar con sus hijos.

La representante demócrata Lucille Roybal-Allard propuso una legislación que dificultaría el que se le quite a los padres la custodia de sus hijos. Dijo que le parecía “desgarrador el que en Estados Unidos, el estatus migratorio sea usado para separar permanentemente a las familias”. Acotó que es “inhumano e inaceptable, sobre todo en un país que valora tanto la familia y la justicia”.

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