Exmilitar salvadoreño se declara culpable
Inocente Orlando Montano, se declaró culpable en una corte en Boston. Crédito: efe
Washington/EFE – El exmilitar salvadoreño Inocente Orlando Montano, investigado en España en relación con la matanza en 1989 de seis jesuitas en El Salvador, se declaró ayer culpable de seis de los ocho cargos de los que fue acusado en EE.UU. por perjurio y fraude de documentos de migración.
Montano, que compareció ante la Corte Federal de Boston, donde está siendo juzgado, puede afrontar una pena máxima de 45 años de prisión acumulando todos los cargos. La fecha en la que se dictará sentencia será el próximo 18 de diciembre.
El salvadoreño, de 70 años de edad, ha estado en Estados Unidos desde al menos 2001 y en 2002 solicitó y obtuvo el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés), que el Gobierno estadounidense otorga a quienes no pueden regresar a sus países debido a conflictos civiles o desastres naturales.
Los documentos presentados en el tribunal indican que, tanto en su solicitud inicial para el TPS como en otras solicitudes para renovarlo, el coronel retirado negó haber sido miembro de las Fuerzas Armadas en El Salvador, haber pertenecido a algún grupo que utilizase armas contra alguna persona o haber recibido capacitación militar.
Los cargos de perjurio se deben a que, pese a negarlo en su declaración, Montano fue miembro del grupo militar conocido como “La Tandona”, el cual contribuyó al aumento de la violencia durante la guerra civil en El Salvador (1980-1992).
En noviembre de 1989 los sacerdotes españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Armando López, Ignacio Martín Baró y Juan Ramón Moreno, así como el jesuita salvadoreño Joaquín López y López y dos empleadas domésticas que trabajaban con ellos, Elba y Celina Ramos, fueron asesinados por un escuadrón en el campus de la Universidad Centroamericana.
El 2 de diciembre del año pasado las autoridades españolas acordaron solicitar la extradición de 15 exmilitares salvadoreños, entre ellos Montano, por cargos de conspiración y asesinato de los cinco jesuitas y tres ciudadanos salvadoreños, así como de crímenes contra la humanidad y terrorismo.
“Creo que el gobierno de Estados Unidos va a comenzar el procedimiento de extradición a petición de España en cuanto esté en prisión. (…) No hay ninguna razón legal para que el gobierno estadounidense no lleve a cabo el proceso”, explicó la asesora legal del Centro por la Justicia y la Responsabilidad (CJR, en inglés), Patty Blum.
Blum, añadió además que EE.UU. tiene razones políticas para proceder a la extradición porque no le interesa bloquear un juicio sobre una de las “masacres más sangrientas de la historia de Latinoamérica”.
