comienzan los arrestos
PHOENIX, ArizonA.- Alejandra García recibió las malas noticias de que su hermano había sido detenido por la Policía de Phoenix junto a dos amigos en una parada de tránsito como resultado de una denuncia.
Del otro lado de la línea telefónica dijo haber escuchado la voz del policía que le preguntaba: “¿Estás ilegal en el país?” Arturo Santiago García respondió poco antes de colgar el teléfono con su hermana “no voy a contestar ninguna de sus preguntas”. Minutos después el oficial lo trasladó con inmigración.
Se trata de una de las primeras detenciones mediante la cláusula 2(b) de la ley SB 1070 que hace obligatorio que la policía verifique con inmigración el estatus de alguien si tiene una sospecha razonable de que está ilegalmente en el país.
Tommy Thompson, vocero de la policía de Phoenix aseguró que su oficial actuó en cumplimiento de la ley tras detener el vehículo en el que viajaba García por dar una vuelta inapropiada con el automóvil.
“El conductor no tenía licencia de conducir, no hablaba mucho inglés y nos mostró un pasaporte de México y dijo que no iba a contestar más preguntas”, dijo Thompson. “En base a las circunstancias el oficial llamó a ICE”.
La hermana de García cuestiona la decisión del policía de asistir a ICE para el traslado de su hermano y los pasajeros que no tenían porque ser cuestionados. También aseguró que detuvieron su vehículo simplemente por su apariencia física y no por una razón válida.
“La realidad es que están parando por perfil racial,” dijo García. Su hermano de 25 años se encuentra en este momento en el Centro de Detenciones de Inmigrantes en la ciudad de Eloy.
El caso generó críticas de grupos pro-inmigrantes como Tonatierra encabezado por el activista Salvador Reza.
“Pedimos una investigación a fondo por parte del Departamento de Policía hacia su oficial”, dijo Reza quien considera que este incidente puede pasar a formar parte de una ola de demandas por discriminación contra la policía.
En una entrevista, el miércoles, el jefe de policía de Phoenix, Daniel García dijo que no habían encontrado hasta el momento ningún tipo de evidencia de uso de perfiles raciales por parte de sus policías y descartó más de 20 acusaciones.
Las anteriores fueron casos presentados por Tonatierra previo a la entrada en efecto de la cláusula 2(b) de la SB 1070. Reza y otros activistas han criticado a la policía por detener a conductores latinos por infracciones de tránsito menores para quitarles sus vehículos tras detectar que carecen de una licencia de conducir.
Pero otra de las situaciones que preocupa a grupos como PUENTE es la manera en que la policía tratará a las víctimas de crímenes y testigos, razón por la cuál llevaron a cabo una protesta afuera del departamento, el viernes por la tarde.
De acuerdo al vocero Thompson, la policía sigue la orden 4.48 que le da discreción a los oficiales de no indagar sobre el estatus migratorio de una persona cuando esto obstaculice, por ejemplo, la investigación de un crimen.
Es esa discreción que llevada al extremo preocupa a Carlos García, director de PUENTE quien demandó durante la protesta que Phoenix revise sus políticas.
“La policía de Phoenix es la más grande de Arizona, de ellos va a depender mucho y las otras agencias los están viendo a ellos”, dijo García. “Desde octubre de 2010, implementaron la poliza 4.48, bajo eso, ni víctimas ni testigos están a salvo. Cualquier persona con cualquier contacto con la policía está en riesgo de ser detenido y de ahí pasar con inmigración”, afirmó.
La cláusula 2(b) de la ley SB 1070 entró en efecto el 18 de septiembre después de que la jueza federal Susan Bolton anulará el bloqueo que ella misma le impuso hace 2 años por una demanda del Departamento de Justicia (DOJ). En junio de este año, la Corte Suprema de los Estados Unidos estuvo en desacuerdo con la decisión original de Bolton y le ordenó que permitiera que esa cláusula entre en vigor.
Mendoza que tiene documentación como residente permanente de Estados Unidos agregó que se sumará a un grupo cada vez más grande de personas que incurrirán en la desobediencia civil al no llevar documentos que los identifiquen.
“No vamos a cumplir con esto”, aseguró Mendoza, al asegurar de que seguirán combatiendo esa medida discriminatoria.
