Familias en vilo por la ley SB1070

Las noticias de arrestos mantienen en vilo a los indocumentados en Arizona

Manifestantes en Phoenix, Arizona, dijeron  que iniciarán una etapa de desobedicencia civil y pidieron el fin de la ley.

Manifestantes en Phoenix, Arizona, dijeron que iniciarán una etapa de desobedicencia civil y pidieron el fin de la ley. Crédito: www.PhotosByJoseMunoz.com

PHOENIX, Arizona (EFE).- Las noticias de arrestos de indocumentados durante los primeros días de aplicación de la legislación “muéstrame tus papeles” mantiene en vilo a los inmigrantes de Arizona.

“Desde que entró en vigor esta regulación, nuestros teléfonos no han dejado de sonar”, dijo Lydia Guzmán, activista y representante del grupo Respect/Respeto, organización que cuenta con una línea telefónica gratuita para responder dudas y preguntas de la comunidad hispana.

Guzmán indicó que de cada diez llamadas que están recibiendo ocho de ellas son de personas que quieren saber qué deben de hacer en caso de que un policía los detenga.

“Nos preguntan qué tipo de documentos deben demostrar, lo que estamos recomendando es que siempre deben de dar su información verdadera, como su nombre y fecha de nacimiento”, dijo Guzmán.

Por primera vez en la historia del estado de Arizona, los policías tienen ahora la autoridad legal para cuestionar el estatus migratorio de las personas que sean detenidas, incluyendo aquellas por infracciones de tráfico.

Esta nueva competencia de los agentes proviene de la sección 2(b) de la ley estatal SB1070, que entró en vigor el pasado martes tras una lucha legal en las cortes de más de dos años.

“Por lo menos ya tenemos una docena casos de inmigrantes indocumentados que fueron detenidos en Phoenix y entregados a Inmigración”, dijo Guzmán.

Indicó que organizaciones civiles están pidiendo a la comunidad hispana, particularmente a los ciudadanos y residentes legales, que denuncien cualquier tipo de abuso y violaciones a los derechos civiles que pudieran sufrir a manos de un policía.

“Este tipo de denuncias nos servirán para regresar nuevamente ante la corte”, dijo ella.

Amber Cargile, vocera de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en Arizona dijo a Efe que hasta el momento la cantidad de llamadas que esta agencia federal ha recibido por parte de departamentos policiales se ha mantenido en los niveles “normales” desde que entró en vigor la sección 2(b).

De acuerdo a cifras de ICE, durante el presente año fiscal 2012, que concluye el próximo 31 de septiembre, han recibido 657 llamadas en Phoenix de departamentos policiales, las cuales resultaron en el arresto de 1,435 personas por violaciones a leyes migratorias.

Cargile reiteró la postura de ICE de que responderán a las llamadas de agencias policiacas dependiendo de cada caso, poniendo énfasis en personas con registros criminales y aquellas que hayan reingresado de manera ilegal al país.

Las noticias de los primeros arrestos de indocumentados a manos de agentes de policía, ha provocado que familias inmigrantes busquen la forma de protegerse legalmente antes de que alguno de sus familiares pueda ser detenido.

“A mí me preocupa mucho quién se puede hacer cargo de mis hijos en caso de que mi esposo y yo seamos detenidos”, dijo Gloria Santos, inmigrante mexicana que lleva 14 años viviendo de manera ilegal en EEUU.

Santos explicó que, tras recibir consejo por parte de organizaciones comunitarias, su marido y ella firmaron una carta poder para que en caso de que ellos sean detenidos su hermana pueda tener a sus hijos sin ningún problema.

“Es injusto lo que estamos viviendo. No somos criminales y ahora tenemos que cuidarnos y escondernos de la Policía como si lo fuéramos”, dijo Santos, quien estudia la posibilidad de mudarse a otro estado en el que se sientan más seguros.

“El sueño americano, se nos está convirtiendo en una pesadilla, especialmente para todos aquellos que no tenemos papeles”, finalizó.

El pasado martes la jueza federal Susan Bolton levantó la suspensión temporal que dictó en 2010 sobre la sección 2(b) de la ley SB1070 en respuesta a una demanda interpuesta por el Gobierno federal en contra del estado de Arizona.

El pasado mes de junio, la Corte Suprema rechazó varias provisiones de la SB1070, pero mantuvo con vida la sección 2(b), dejando vía libre a su aplicación por parte de los departamentos de policía del estado.

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