Boricua acusado de asesinar a novia se libra de pena de muerte
Edison Burgos Montes, que fue encontrado culpable por un tribunal federal de la isla, fue sentenciado a cadena perpetura
San Juan – El puertorriqueño Edison Burgos Montes, encontrado culpable del asesinato de su novia por un tribunal federal de la isla, se libró de la pena de muerte tras decidir hoy un jurado popular que cumpla cadena perpetua por el crimen cometido.
Las ediciones en internet de los medios locales informan de que el jurado determinó, después de tres días de deliberación, que Burgos Montes cumpla cadena perpetua por asesinar en julio de 2005 a su novia Madelyn Semidey, informante de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).
Burgos Montes, que asesinó a su novia por temor a que le delatara por su implicación en un caso de narcotráfico, vio como su caso pasaba a la Justicia federal por tratarse la víctima de una informante de una agencia estadounidense.
El jurado, según la información difundida por los medios locales, no alcanzó una decisión unánime a favor de la pena de muerte, requisito necesario para la condena capital.
El caso de Burgos Montes ha provocado controversia en Puerto Rico, donde representantes de la Iglesia Católica y de la sociedad civil se manifestaron durante los tres últimos días frente al Tribunal federal de San Juan donde se seguía el caso para mostrar su rechazó a la pena de muerte en la isla.
La condena a muerte hubiera sido posible al tratarse de un juicio inmerso en el sistema federal estadounidense que convive en Puerto Rico con el local, este último que prohíbe la pena capital tal y como establece la Constitución puertorriqueña de 1952.
En 1927 se ejecutó por última vez a una persona en Puerto Rico.
La referencia más inmediata en casos federales de posible condena a muerte en Puerto Rico es la que se remonta a marzo de 2005, cuando un jurado popular decidió que Lorenzo Catalán y Hernando Medina cumplieran cadena perpetua por el asesinato de un guardia de seguridad en el transcurso de un atraco.
En octubre de 2006, otro jurado popular rechazó la pena capital para Carlos Ayala por la muerte de un agente federal en otro robo ocurrido en el Hospital de Veteranos de San Juan.
La Coalición Puertorriqueña contra la Pena de Muerte movilizó durante las últimas semanas a un sector de la sociedad de la isla caribeña en contra de la pena capital.
La decisión del jurado, compuesto por ocho hombres y cuatro mujeres, llega en un momento de alta criminalidad en Puerto Rico, territorio en el que la lucha por el control de los puntos de venta de droga provoca cada fin de semana una media de 10 muertos y causa de que 2011 finalizara con más de mil asesinatos.
