El derecho de votar

Las recientes leyes estatales que exigen una identificación determinada para votar tienen la apariencia de establecer una obligación natural, como ocurre en otros países, para ejercer el derecho al voto. Pero en Estados Unidos es muy distinto.

Primero no existe una identificación obligatoria federal salvo el número del Seguro Social. A partir de ahí, cada estado tiene sus propias leyes relacionadas a como establecer un sistema para otorgar la licencia de conducir, la identificación más común, y a regular su ley electoral. Esta combinación es la que se ha prestado para que numerosos estados con mayorías republicanas haya aprobado leyes restrictivas de identificación del votante dirigidas a reducir la participación electoral, especialmente en los bloques electorales más afines con los demócratas.

En este caso, el problema no es la exigencia en sí de la identificación, sino que las leyes que las establecen no hacen ningún esfuerzo adicional para facilitar la obtención del documento. De esta manera, cumplen la función de una restricción, de un obstáculo para ejercer la democracia.

Junto con las nuevas leyes electorales, por ejemplo, se debería ampliar las horas de acceso a oficinas estatales que otorgan el documento, como hacer una campaña de educación del votante. De la misma manera, si se exige una identificación específica para ejercer un derecho, esta debe ser gratuita, al igual que debe tomar en cuenta las dificultades para obtener otros documentos, por ejemplo, una partida de nacimiento en ciertos estados del sur.

En la mayoría de los estados al aprobarse las leyes de identificación de votantes también se rechazaron enmiendas para facilitar la obtención del documento.

Un ejemplo de esta politización del proceso es la ley de Texas que reconoce el permiso de cazar para votar, al tiempo que rechazó otorgar el mismo derecho a la credencial de estudiante. Es obvia la prioridad que la legislatura republicana dio a un votante sobre otro.

Y que decir de un reciente reporte que muestra que las purgas en los registros de votantes en varios estados y las exigencias de pruebas de ciudadanía están orientadas a perjudicar el voto del inmigrante naturalizado.

Todo este movimiento de identificación del votante se sustenta en un tipo de fraude prácticamente inexistente. La idea es limitar el acceso a las urnas de grupos de votantes específicos.

Hacer una reforma para identificar a los votantes y proteger su derecho requiere dinero y un interés en la integridad democrática que nunca existió en estas leyes.