Confianza truncada con un veto
El gobernador de California, Jerry Brown, está celebrando el Mes de la Herencia Hispana con un jarabe tapatío.
El demócrata firmó una ley que probablemente ayude a un número pequeño de individuos y, en lo concerniente a otra ley, emitió un veto que probablemente perjudique a muchos más.
La ley que Brown firmó concede licencias de conducir a inmigrantes ilegales jóvenes, es decir, DREAMERS(1), a quienes el gobierno de Obama otorgó una acción diferida. La ley impacta a una pequeña porción de lo que se calcula que son 3 millones de inmigrantes ilegales en California, la mayoría de los cuales proviene de México. En toda la nación, sólo unos 120,000 DREAMERS se presentaron para solicitar una Acción Diferida para los que llegaron de niños. Hasta la fecha, según un abogado de inmigración que manejó uno de los casos, se ha concedido el aplazamiento de la deportación por dos años a menos de 100 personas.
Mientras tanto, la propuesta de ley que Brown vetó -conocida como la Ley TRUST(2)- impactaba miles de vidas. Dicha ley hubiera prohibido que la policía local cooperara con los agentes federales de inmigración para detener a sospechosos de deportación, a menos que éstos hubieran cometido delitos mayores serios o violentos.
En la actualidad, un oficial puede parar a una niñera indocumentada, pero si antecedentes penales, por tener un foco del coche roto y arrestarla, sacarle las huellas dactilares y entregarla al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para su deportación.
El caballito de batalla preferido de ICE es el programa llamado Comunidades Seguras o SCOMM, por sus siglas en inglés. La iniciativa -que requiere que la policía local entregue a las autoridades federales las huellas dactilares de todo arrestado que pudiera estar en el país ilegalmente (léase: los latinos)- se puso en práctica a fines de 2008, pero fue expandida en toda la nación por el gobierno de Obama. Las localidades y los estados fueron persuadidos para colaborar con la garantía de que su participación era voluntaria y de que el programa se concentraría sólo en delincuentes serios y violentos. Ambas cosas eran falsas.
Algunos de los críticos más severos son los correligionarios demócratas del presidente Obama -la representante Zoe Lofgren, de California; el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel; el gobernador de Massachusetts, Deval Patrick; el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo; así también como el legislador de California Tom Ammiano, que redactó la Ley TRUST para restaurar la cordura de las fuerzas de seguridad y la líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien expresó su apoyo a la ley.
Los medios interpretaron la legislación como una propuesta de ley “anti-Arizona”, cuya intención es impedir que el Estado Dorado caiga bajo las fuerzas del mal. Pero la Ley TRUST era en realidad anti-SCOMM.
Brown no se hubiera avenido a ella. De todas formas, no es que él fuera crítico de SCOMM, para empezar; en 2009, mientras se desempeñaba como fiscal general, Brown apoyó el programa y firmó con el gobierno federal, los acuerdos que terminaron causando tantos trastornos en las vidas de los inmigrantes indocumentados, cuya mano de obra permite que California -especialmente su industria agrícola que representa 40,000 millones de dólares- siga funcionando.
El veto de Brown fue un error. Pero lo que fue realmente ofensivo -y un toque de atención para los latinos, que tímidamente dejan pasar las debilidades de los demócratas en cuanto a inmigración, mientras censuran a los republicanos- fue la manera en que trató de justificarlo.
La declaración del gobernador sobre el veto constó sólo de 226 palabras. Sin embargo, es notable que, en tan breve espacio, se las arreglara para insultar la inteligencia de los californianos tres veces diferentes.
Primero, Brown -que no mencionó su pasado apoyo a SCOMM- emitió una declaración hipócrita en la que insistió que “los agentes federales no deberían tratar de coaccionar a las fuerzas de seguridad locales para que detengan gente, a la que han parado por delitos menores y que no presenta una amenaza razonable para su comunidad.”
A continuación, Brown decidió ser alarmista. Dijo que vetaba la Ley TRUST porque ésta pasaba por alto a individuos condenados de “abuso de menores, tráfico de estupefacientes, venta de armas, utilización de menores para vender estupefacientes, o pandillas”. Estoy seguro de que sólo fue una lamentable coincidencia que el gobernador intentara explicar un punto sobre un grupo de inmigrantes ilegales, que es en su mayoría latino, haciendo referencia a estereotipos de narcotraficantes y pandilleros.
Y finalmente, Brown sostuvo que la ley podía “arreglarse” y prometió que “trabajaría con la Legislatura para asegurarse de que se corrija inmediatamente”; en ese caso, ¿por qué el gobernador no “trabajó con la Legislatura” para modificar la ley durante todo el proceso de su gestación? Respuesta: En esta forma, Brown puede pasar la pelota hacia adelante, tal vez más allá de su esfuerzo de reelección en 2014.
Quieren hablar de confianza. En 2010, los latinos de California apoyaron a Brown. Su adversaria republicana, Meg Whitman, metió la pata en el asunto de la inmigración al criticar a los inmigrantes ilegales tras haber contratado a uno de ellos como mucama. Los latinos depositaron su confianza en Brown. Y, con el veto de una ley de sentido común, Brown los traicionó.
© 2012, The Washington Post Writers Group
