Tildan de ‘exitosa’ nueva unidad de inmigración

"Está claro que a días de las elecciones, de algún modo, la gobernadora tiene que justificar los costos relacionados con la mencionada unidad policíaca y, como de costumbre, no señalan casos específicos", afirmó Roberto Belén, del Consejo de Liderazgo Hispano de Carolina del Sur.

Charlotte, Carolina del Norte – El Gobierno de Carolina del Sur considera un “éxito” los primeros meses de operación de la Unidad Estatal de Control Migratorio, pero hay activistas que ven en estas declaraciones un “oportunismo político” en tiempos de elecciones.

En conferencia de prensa en el Capitolio en Columbia, capital del estado, la gobernadora republicana, Nikki Haley, y el director del Departamento de Seguridad Pública, Leroy Smith, ofrecieron recientemente los resultados de la unidad, conformada por ocho oficiales.

“Por mucho tiempo, Washington D.C ha venido peleando en contra de nosotros por el tema de los ilegales, sin embargo, hoy tenemos una de las mejores organizaciones de inmigración del país”, resaltó Haley.

La creación de la unidad, una especie de policía local de inmigración, única en su clase a nivel nacional, y cuyo objetivo es combatir a los indocumentados, forma parte de las disposiciones la ley SB20, que entró en vigor en Carolina del Sur este año y fue redactada en base a la SB1070 de Arizona.

Haley ha sido muy crítica con las políticas de el Gobierno federal en relación a la inmigración indocumentada y desde el inicio de su mandato dejó claro que haría todo lo posible para sacar a los “ilegales” del estado.

A su vez, el Gobierno federal demandó a finales de 2011 al estado por la ley SB20 y un juez federal bloqueó, antes de que entrara en vigor en enero de 2012, la medida que permitiría a los agentes locales y estatales pedir los documentos migratorios de los sospechosos de ser indocumentados, pero no tocó la disposición de la unidad de inmigración.

Aunque el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado respecto, el mismo magistrado decidirá en noviembre próximo si mantiene o levanta el bloqueo de dicha previsión de la legislación, que hasta el momento no se ha aplicado.

Según Smith, desde la puesta en marcha de la unidad el pasado mes de junio se han realizado investigaciones y arrestos de indocumentados que han cometido felonías y delitos menores, aunque no ofreció estadísticas al respecto.

La Legislatura estatal destinó una partida de $1.3 millones para la creación de esta unidad, que está a cargo del teniente Eddie Johnson, un veterano de la Patrulla de Caminos, quien declaró a los medios que la meta de este grupo especializado es “averiguar qué actividades criminales motivan y realizan los ilegales en el estado y dar con la fuente para eliminar el problema”.

Otro activista comunitario, Iván Segura, vicepresidente del Consejo de los Mexicanos en el exterior, catalogó de “ridículo” que “el estado tenga una unidad de policía que no tiene la capacidad de operar para lo que fue creada, buscar a los indocumentados”.

“Todo esto es una cortina de humo”, enfatizó Segura. “Ya tenemos policías que se encargan de buscar a pandilleros, traficantes de drogas, armas, y que cometen otros delitos graves”.

Parte de la ley SB20 establecía la negociación de un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para que los agentes recibieran entrenamiento del programa 287g y poder identificar a los sin papeles, según Vincent Picard, portavoz de esta agencia federal.

“Trabajamos y asistimos a los agentes de Carolina del Sur cuando hay casos de indocumentados que violan las leyes federales como el tráfico de humanos. La unidad solamente está haciendo cumplir las leyes estatales”, aclaró Picard.