México desea evitar deserción escolar por embarazo

México .- La diputada federal del PVEM Bárbara Gabriela Romo Fonseca, presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación para que las instituciones educativas faciliten a las alumnas embarazadas continuar sus estudios y sancionar a las escuelas que les nieguen el acceso.

Al presentar ante el pleno de la Cámara de Diputados dicha reforma, argumentó que es frecuente la deserción escolar de jóvenes embarazadas y existe una tendencia a la alza, pues en México hay 9,600 mujeres entre 12 y 18 años de edad, en riesgo de abandonar la primaria o secundaria por esta razón.

Señaló que lo anterior se provoca por conductas sociales de severas condenas hacia las menores embarazadas o que son madres, lo que las obliga a dejar sus estudios, que jamás vuelven a retomar, además de que sufren de discriminación y falta de oportunidades de trabajo y educación.

Es por ello que el objetivo de esta iniciativa de decreto, por el que se adiciona un Artículo 34 Bis y se reforma el 75 de la Ley General de Educación es para que el embarazo y la maternidad no constituyan un impedimento para cursar la educación básica.

Asimismo, para sancionar aquellos que se nieguen a proporcionar la educación en este nivel; pues, dijo, la pobreza, los abusos sexuales cometidos contra infantes y adolescentes y la falta de una correcta educación sexual elevan la cifra de casos de menores embarazadas.

“Según dató del Fondo de Población de las Naciones Unidas, la mitad de los adolescentes en América Latina y el Caribe son sexualmente activos, y por consecuencia entre 35 y 52 por ciento de las jóvenes tienen embarazos no deseados”, informó.

Romo Fonseca agregó que en México se presentan en menores de 18 años 400,000 embarazos, es decir, 17% del total, y 14,000 de esas madres abandonan la escuela.

Además de que los estados de México, Veracruz, Jalisco y Chiapas, así como el Distrito Federal son las que concentran el mayor número de adolescentes con embarazos tempranos o madres, y suman entre todos más de 3,000 casos.

Destacó que existe la alerta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que las jóvenes embarazadas menores de 16 años corren un alto riesgo de mortalidad materna, cuatro veces más alto que las mujeres de 20 a 30 años.

“La tasa de mortalidad de sus neonatos es aproximadamente 50% superior. Expertos convienen que las adolescentes embarazadas requieren atención física y psicológica especial durante el embarazo, el parto y tiempo de recuperación, para preservar su salud y la de sus bebés”, precisó.

La legisladora agregó que lamentablemente, por cuestiones culturales y económicas, esos cuidados no se dan, por lo que las instituciones educativas deberían ser también un vínculo para proporcionarlos.

Las consecuencias del embarazo no planificado se extienden a la vida escolar de la madre y del padre adolescentes, por lo que es obligación del Estado garantizar el derecho a la educación de este sector poblacional, comentó.

Por ello, y para que la maternidad no constituya impedimento, se presenta esta iniciativa para que se adicione un Artículo 34 Bis, una nueva fracción XII al 75 y se recorre la XII actual a la fracción XIII, todos de la Ley General de Educación.

El artículo 34 Bis se refiere a que las autoridades educativas promoverán las medidas adecuadas para suprimir los obstáculos que limitan el acceso a la educación, en especial de las menores embarazadas, a quienes otorgarán las facilidades académicas del caso y vincularán con el sector salud para dar el seguimiento requerido.

“El embarazo y la maternidad no constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel”, se señala en la propuesta legislativa.

En el Artículo 75 se establece que son infracciones de quienes prestan servicios educativos: negar la educación y el acceso a los centros educativos a menores embarazadas, así como la no vinculación de los casos registrados con el sector salud.

También se indica en la iniciativa, la cual fue turnada a la Comisión de Educación y Servicios Educativos, que es infracción incumplir cualesquiera de los demás preceptos de esta ley, así como las disposiciones expedidas con fundamento en ella.