Entre los narcos y la justicia
El exgobernador de Coahuila Eduardo Moreira acompañado de sus hijos, incluido su hijo José Eduardo Moreira, segundo desde la izq., asesinado por el narcotráfico. Crédito: ap
MÉXICO, D.F. Cuando la oscuridad impide la visibilidad en medio de los pueblos del semidesierto, los mineros empiezan su jornada en los pocitos de Coahuila que hoy son el centro de acusaciones entre el expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y exgobernador, Eduardo Moreira, y Armando Guadina, uno de los empresarios más poderosos de la región.
Ambos se acusan de ser cómplices y partícipes de las ganancias de la incursión del narcotráfico en la extracción de carbón que posteriormente venden a la paraestatal Comisión Federal de Electricidad, pero todo sigue igual, en la región carbonífera del norte del país.
“Trabajan por la noche porque sus patrones evitan así ser molestados”, denuncian integrantes de la organización Familia Pasta de Conchos que pidieron el anonimato por razones de seguridad. “Los pocitos siguen ahí a pesar de los riesgos de muerte porque en ellos se invierte poco y se gana mucho”.
Los pocitos son agujeros cavados en vertical y sin salida de emergencia a los que se ingresa persona a persona a través de tambos tirados por cables que se tensan o aflojan con rudimentarios motores de automóvil. Una vez dentro, los mineros trabajan hasta 12 horas en cuclillas.
Durante años, defensores de derechos humanos solicitaron sin éxito la clausura de la añeja vía de extracción del combustible, pero la razón de su existencia se explicó recientemente en medio de un zafarrancho que arrancó con la muerte, el pasado 3 de octubre, de Eduardo Moreira, hijo del exgobernador. “La iniciativa privada ligada al narco asesinó a mi hijo”, estalló el político después de que su primogénito, de 26 años, tres presuntos gatilleros de los Zetas que, según la versión oficial, buscaban venganza por la muerte del sobrino del Z40 en un enfrentamiento con la policía estatal a mando Rubén Moreira quien sucedió a su hermano en el poder.
Así señaló a Armando Guadiana, minero con inversiones en Coahuila, Baja California, Nuevo León y Zacatecas, de nexos con los altos mandos de los sanguinarios Zetas. “Pediré que sea llamado a comparecer y explique si su rancho pasaba o no El Lazca, si mandó poner el falsete a la puerta para que pudiera pasar, si le compraba o no carbón”. El empresario no calló. Dijo que el ex gobernador merecía estar preso “por muchos años” por permitir que el crimen organizado creciera durante su sexenio (2005- 2011): “Con Moreira la Promotora para el Desarrollo Minero dio permisos a intemediarios que sólo compraban la producción a los pocitos para revenderlo a la CFE”.
Un informe del senador Ricardo García Cervantes en 2011 reportó que en la región carbonífera del estado operan 10,000 pocitos de carbón de los que se extraen millones de toneladas anuales de carbón con ganancias mínimas de 70 dólares por cada 1,000 kilos mientras que cada minero recibe alrededor de 20 dólares diarios.
“Cualquiera quiere meterse en este negocio con tantas ventajas”, dijo el obispo de Saltillo, Raúl Vera, uno de los más activos denunciantes de las condiciones laborales y el desorden que impera en la minería de Coahuila.
