Seguridad, el lastre de EPN
El nuevo mandatario mexicano recibirá un país desangrado por la delincuencia
MÉXICO, D.F. Jueces, policías, juicios orales, ministerios públicos, sistema penitenciario. Alejandro Martí repasa los pendientes que en materia de seguridad deja el presidente Felipe Calderón a su sucesor Enrique Peña Nieto, pero se detiene con detalle en las causas de la hecatombe que cegó más de 100,000 vidas en el sexenio.
El empresario que saltó al activismo contra la inseguridad tras el secuestro y asesinato de su hijo en 2008, no tiene dudas: “primero hay que acabar con la desigualdad social: ninguna economía funciona con el 50% de su población pobre trabajando para un 50% de clases medias y ricos”.
Bajo tal convicción, el fundador de la organización SOS da sugerencias, acaso un recordatorio a los políticos: recuperación de los espacios públicos, un plan de gobierno que dé oportunidades a los jóvenes “el sicariato es la falta de horizontes”, levantar el campo y el trabajo técnico, que son los mandos medios, “aquí ya hay muchos licenciados, faltan operativos”.
Pero hay una agenda dura, impuesta por mandato desde hace cuatro años y que deberá cumplirse en 2016, justo cuando concluya la administración de Peña Nieto que cerraría el ciclo de combate a la seguridad que arrancó Felipe Calderón con el combate frontal a la delincuencia.
Incluye la reforma penal constitucional. Hacer realidad los juicios orales, profesionalizar a la policía, pasar de un sistema penitenciario inquisitorio a acusatorio para evitar así “presuntos culpables” impuestos por señalamientos oscuros.
“Tal como está ahora el sistema judicial es una vergüenza”, califica Martí.
Durante su mandato, Calderón persiguió principalmente la delincuencia organizada. A excepción de Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, del Cártel de Sinaloa, cayeron muertos o encarcelados, los principales cabecillas de los Cárteles en México, incluyendo los Beltrán Leyva, los mandamás de la Familia Michoacana y de Los Zetas.
También decenas de capos de células locales, lugartenientes y gatilleros de altura que aún se debaten entre la cárcel y la libertad debido a la falta de pruebas que los ministerios no concretan por desidia o por la vulnerabilidad.
“México tiene olvidados a sus jueces y a sus policías, abandonados a la dura decisión de decidir entre el dinero y la bala”, describe Martí. “Esa es la atención que se espera ahora en seguridad”.
En días pasados, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, reconoció que algunos ministros han tenido que pedir protección del Ejército para juzgar a algunos narcotraficantes. “Ya no basta el ángel de la guarda”, dijo a la prensa sobre el caso de un magistrado “levantado” días antes de una sentencia.
Los juicios orales ayudarían a transparentar y desahogar los procesos -una apuesta de la administración saliente- pero su implmentación ha sido lenta.
De acuerdo con la Secretaría Técnica del Gobierno Federal sólo tres estados del país tienen el nuevo sistema acusatorio adversarial integrado en su totalidad: Chihuahua, Estado de México y Morelos; en operación parcial siete: Baja California, Durango, Zacatecas, Oaxaca, Yucatán, Nuevo León y Guanajuato y, el resto, apenas empieza.
Al rezago regional se une la falta de experiencia de los litigantes. En algunos casos el juez ha tenido que solicitar al abogado que salga de la sala y abandone el caso porque el acusado no cuenta con una defensa al nivel que exige los juicios orales.
Situación similar enfrentan los evaluadores de control de confianza de policías: no están a la altura de las exigencias.
