Confirman fallas del programa 287g

Charlotte, Carolina del Norte — El Centro de Política de Inmigración (IPC) publicó un estudio actualizado del 287g que confirma fallas y políticas obsoletas de ese programa migratorio, en momentos que el Gobierno lo somete a revisión.

Desde su creación en 1996, la sección 287g de Ley de Inmigración y Nacionalidad ha permitido que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) entrene a agentes del deber para hacer cumplir ciertas funciones relacionadas con inmigración.

Estas incluyen el acceso a las bases federales de ICE, interrogar y arrestar a inmigrantes que se sospechen se encuentran en el país de manera irregular, y sobre todo, comenzar el proceso de deportación desde los 57 centros de detención donde opera el programa en el país.

Debido a la expansión a todos las cárceles del país en 2013 de Comunidades Seguras, otro programa que determina la situación migratoria y antecedentes penales de detenidos mediante el análisis de sus huellas dactilares, los críticos del 287g se cuestionan la necesidad de mantenerlo en funcionamiento.

Ben Winograd, abogado del American Immigration Council, explicó que el reporte develado recientemente, destaca los nuevo datos del 287g a raíz de su suspensión en dos condados, Maricopa (Arizona) y Alamance (Carolina del Norte).

Sin embargo, Winograd enfatizó que, por lo menos hasta el 31 de diciembre, el resto de los acuerdos del 287g siguen operando, aunque ICE “ha mostrado interés en sustituirlo por Comunidades Seguras”, por considerar que es “más efectivo y menos costoso.”

La investigación del DHS sobre la oficina del alguacil del condado Maricopa, que dirige el controvertido Joe Arpaio, concluyó que la agencia incurría en “un patrón de prácticas de violaciones a los derechos constitucionales y perfil racial” contra los hispanos en la aplicación del 287.

Se encontró que los alguaciles de Arpaio llevaban a cabo “redadas” en barrios hispanos de Arizona y que los conductores de esa comunidad eran detenidos nueve veces más que el resto de los ciudadanos.

Una situación similar sucedió en la oficina del alguacil de Alamance, donde los federales encontraron que los agentes arrestaban con más frecuencia a los conductores hispanos con el fin de someterlos al 287g para su posterior deportación.

En relación con los costos de operación del programa, el informe de IPC apuntó que condados como el de Prince William en Virginia, tuvieron que aumentar los impuestos a la propiedad para financiar la medida.

Asimismo, antes de cancelar el 287g en Maricopa, la oficina de Arpaio generó un déficit de $1.3 millones en sólo tres meses para pagar el tiempo extra de los agentes.

Carolina del Norte ha sido uno de los estados más afectados con la implementación del 287g, ya que sólo desde Charlotte, la ciudad más grande del estado, y en seis años, más de 14.000 hispanos han sido deportados, la mayoría por infracciones menores de tránsito.

En 2008, un víctima de tiroteo en Alamance llamó al 911 y terminó arrestada y luego deportada por haber proporcionado una dirección equivocada del lugar del crimen.

Además, otros cinco hispanos en el mismo condado fueron expulsados por pescar sin licencia.

“Siempre hemos denunciado que el 287g es una vía para sacar a los hispanos por el simple hecho de ser inmigrantes”, afirmó Héctor Vaca, líder comunitario y representante de Action NC.

“Lo único positivo que veo de Comunidades Seguras, es que devuelve al Gobierno federal el control de aplicar las leyes de inmigración”, acotó.

La crítica más fuerte contra el 287g desde el comienzo es que motiva el perfil racial de los agentes hacia los inmigrantes, y por ende, los miembros de las comunidades temen denunciar los crímenes para evitar ser sujetos a mayores investigaciones.

Ya en un reporte de enero de 2009 la Oficina del Inspector General (GAO) denunció que el 287g no cumplió con sus objetivos de detener y expulsar a los criminales, al contrario, había deportado a indocumentados por delitos menores.

En su justificación para el presupuesto del año fiscal 2013, el DHS solicitó $17 millones menos en fondos para el programa 287 (g), y enfatizó que debido a la expansión de Comunidades Seguras, “ya no será necesario mantener los más costosos y menos efectivos.”

Todavía está pendiente la renovación de los acuerdos por parte de ICE que hasta ahora tiene con las 57 condados del país que aplican el 287g o si definitivamente lo erradica.