Intentan de nuevo Acta de Confianza

SACRAMENTO.— El asambleísta demócrata de San Francisco, Tom Ammiano, no perdió tiempo y en el primer día del ciclo legislativo 2012-13, que inició ayer, reintrodujo el Acta de Confianza, que busca poner fin al impacto negativo en California del programa federal llamado Comunidades Seguras (S-Comm).

El nuevo proyecto de ley tiene el mismo objetivo que la medida vetada en septiembre por el gobernador Jerry Brown, la cual busca establecer una norma general para que los gobiernos locales no detengan a un individuo a petición del Servicio de Migración y Aduanas (ICE) a menos que tenga una condena seria o violenta.

Esta norma prevendría la detención prolongada de personas indocumentadas que serían dejadas en libertad si no fuera porque hay una petición de ICE.

Los detalles de cómo quedará la versión final del Acta de Confianza y de la diferencia que tendrá con la medida vetada saldrán de las pláticas con el equipo de trabajo del gobernador y la gente de Ammiano, según se dijo ayer.

En su mensaje de veto, el gobernador Brown explicó por qué rechazó la anterior versión: “Desafortunadamente, la lista de ofensas codificadas en esta ley tienen muchísimos defectos porque omite varios crímenes serios”.

Y puso como ejemplo que la medida hubiese prohibido la cooperación local aún cuando la persona arrestada haya sido condenada por crímenes como abuso de niños, tráfico de drogas, venta de armas, empleo de menores para el tráfico de drogas o como pandilleros.

“Creo que no es prudente intervenir en el critero de un sheriff para cumplir con una orden de detención de gente con esta clase de expedientes criminales problemáticos”, señaló el gobernador.

Ammiano se comprometió a enmendarla, y reconoció que en la versión vetada no tuvo oportunidad de trabajar con la oficina del gobernador.

“Hay mucho trabajo por hacer, y estoy emocionado de continuar con el desafío y con la tarea de educar al gobernador en este tema”, dijo Ammiano, acompañado por los coautores de la medida — que aún no ha sido identificada con un número— el senador demócrata de Los Ángeles, Kevin de León; el asambleísta demócrata del Valle Imperial, Manuel Pérez y el asambleísta demócrata de Salinas, Luis Alejo.

A manera de broma y con esperanzas de que esta vez el gobernador haga ley el Acta de Confianza dijo: “El amor es mejor la segunda vez”.

La semana pasada, Evan Westrup, uno de los portavoces de Brown, comentó a La Opinión que el gobernador está comprometido a trabajar con la legislatura en un Acta de Confianza actualizada que arregle las fallas que presentó la medida anterior.

Incluso en una entrevista con La Opinión, Brown sostuvo que si se la presentaban este mismo mes, el Acta de Confianza podría entrar en vigor en enero. Al preguntar a Ammiano si ése sería el caso, respondió que “la voluntad política mueve montañas”.

El senador De León, quien se comprometió a sacar los votos que el proyecto de ley necesita en el Senado, calificó a Comunidades Seguras como un programa inhumano a través del cual miles de padres han sido separados de sus hijos.

“Es una vergüenza porque estamos ante un programa que genera miedo e incertidumbre, así que vamos a negociar con el gobernador para enfocarnos en los pandilleros violentos, no en deportar jornaleros, amas de casa y recamáreras”, expuso el senador.

Un ejemplo reciente de los estragos causados por Comunidades Seguras es el caso de una sobreviviente de violencia doméstica, narrado por Tara Shabazz, directora de la Alianza para poner fin a la Violencia Doméstica.

Se trata del caso de Eva, quien vive en el Norte de California y enfrenta la deportación tras haber sido detenida después de una disputa por violencia doméstica.

“Aunque no fue procesada por ningún crimen, el sheriff la mantuvo retenida siete meses a petición de migración”, relató.

“Si el Acta de Confianza hubiese sido aprobada, ella nunca hubiera sido encarcelada para ser deportada, y otras víctimas de violencia doméstica tendrían menos miedo de reportar los crímenes”, expuso Shabazz.

Desde que el programa Comunidades Seguras se puso en marcha en California, más de 82,500 californianos han sido deportados, aún cuando de acuerdo a estadísticas del Servicio de Inmigración y Aduanas el 70%, no han tenido condenas serias.

“Vamos a hacer todo lo que esté en nuestro poder para que el Acta de Confianza sea hecha ley y los latinos que están aquí puedan confiar en sus agencias de policías”, dijo Manuel Pérez, uno de los coautores de la medida.

En una conferencia de prensa en Los Ángeles, a pocas horas después del anuncio de Ammiano de reintroducción del Acta de Confianza, varias organizaciones entre ellas la Fundación México America para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF)urgieron al gobernador a tomar acción rápida ya que dijeron que aprobar esta medida sería un catalizador para una reforma nacional de migración.

“Hay un consenso de que el programa de comunidades seguras ha sido un desastre. Sólo en Los Ángeles se han deportado a más personas que en Maricopa”, dijo Chris Newman, director legal de la Red Nacional de Jornaleros.

Y agregó que confían en la promesa del gobernador de trabajar para resolver los problemas técnicos que presentó la versión anterior.