Apelarán fallo del juez sobre ley migratoria en Carolina del Sur
La disposición de la SB20 permitió que los oficiales revisen el estatus migratorio de una persona detenida por otro delito estatal, la cual también es conocida como “muéstreme sus papeles”
Jheanelle Wilkins (al frente, izq.) y Diana Salazar al frente de una protesta en contra la SB20 en Charleston en el 2011. Crédito: AP / Archivo
Charlotte (Carolina del Norte) – El estado de Carolina del Sur prepara una apelación al fallo emitido por un juez el mes pasado que mantiene bloqueada las disposiciones más perjudiciales para los indocumentados de la ley de inmigración SB20.
El fiscal del estado, Alan Wilson, llevará su caso al Cuarto Circuito de la Corte de Apelaciones de EE.UU, que escucha casos de Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia, West Virginia y Maryland.
En su decisión del pasado 15 de noviembre, el magistrado federal Richard Gergel permitió que los agentes del orden locales verifiquen el estado migratorio de las personas detenidas por otros delitos, la disposición conocida como “muéstreme sus papeles”, en línea con el dictamen de la Corte Suprema con respecto a la SB1070 de Arizona.
Sin embargo, Gergel detuvo de nuevo la implementación de las otras cláusulas de la SB20 referentes a la obligación de las personas de portar sus documentos migratorios y la que convertiría en un delito el transportar personas indocumentadas.
El magistrado dictaminó que el Gobierno federal, y no el estado, tiene la autoridad de mantener el control de las personas que se encuentran en el país de manera irregular.
La gobernadora Nikki Haley firmó la SB20 después de su aprobación en las dos cámaras legislativas de Carolina del Sur el pasado 27 de junio de 2011, convirtiéndola en una de las leyes antiinmigrantes más severas del país.
Desde su promulgación, la SB20 ha sido desafiada en corte por el Gobierno federal por considerarla “inconstitucional”, así como por varios grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
Roberto Belén, uno de los demandantes de la ley de Carolina del Sur, comentó hoy a Efe que es un “desperdicio gastar los recursos que no tiene el estado en litigios que pueden durar mucho tiempo”.
Todavía se desconocen los argumentos que el fiscal Wilson presentará a la corte para justificar la implementación de las disposiciones de la ley de inmigración de Carolina del Sur que se mantienen sin aplicarse.
Al respecto, el mismo fallo de la Corte Suprema determinó que no era constitucional convertir en crimen el no cargar documentos migratorios y transportar a los sin papeles.
Cerca de 55.000 indocumentados viven en Carolina del Sur, según cifras del Centro Pew.
