Justicia boliviana vuelve a denegar libertad a empresario estadounidense

Jacob Ostreicher, encarcelado desde hace 18 meses en la ciudad oriental de Santa Cruz, fue acusado de blanqueo de capitales en un caso de narcotráfico
Justicia boliviana vuelve a denegar libertad a empresario estadounidense
El empresario estadounidense Jacob Ostreicher (d), con su abogado Abel Montaño en un tribunal de Santa Cruz, Bolivia.
Foto: AP / Archivo

La Paz – Un tribunal de Bolivia volvió a denegar hoy la libertad condicional al empresario estadounidense Jacob Ostreicher, encarcelado desde hace 18 meses en la ciudad oriental de Santa Cruz bajo la acusación de blanqueo de capitales en un caso de narcotráfico, cargo que él niega.

La Sala Penal Primera del Palacio de Justicia de Santa Cruz decidió devolver el caso a la jueza Enea Fátima Gentile, que el pasado 23 de noviembre denegó la libertad condicional al empresario aduciendo que éste no tiene familia en Bolivia.

El abogado defensor de Ostreicher, Yimy Montaño, afirmó a Efe que “la justicia boliviana ha fallado de forma errónea” y añadió que si bien el fallo de la jueza ha sido anulado, será la propia Gentile quien deba pronunciarse de nuevo dentro de cinco días.

A la audiencia, que tuvo que ser suspendida unos minutos por una indisposición de Ostreicher, asistió el actor Sean Penn, quien ha seguido de cerca el caso y ayer viajó por sorpresa a Bolivia para apoyar a su compatriota.

Penn, ganador del Óscar en dos ocasiones, ha seguido de cerca el caso de Ostreicher y en octubre pasado visitó en Santa Cruz al empresario, de 53 años y cuya esposa e hijos siguen los acontecimientos desde Estados Unidos.

El actor “ha sido un testigo de lujo de cómo se administra justicia en Bolivia”, señaló Montaño, quien aseguró que Penn “se retiró bastante preocupado por la situación”.

También estuvieron presentes en la vista representantes de la Embajada de Estados Unidos y el fiscal general del Estado de Bolivia, Ramiro Guerrero.

El caso del estadounidense dio un giro en las últimas semanas al ser desarticulada una red de funcionarios gubernamentales que supuestamente extorsionaba a presos, entre ellos Ostreicher, a quienes exigía dinero a cambio de fallos favorables o beneficios penitenciarios.

La defensa de Ostreicher ha denunciado que esta red, encabezada por el ya encarcelado exasesor jurídico del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera, pidió al empresario $50.000 a cambio de su libertad, y que, al no lograr el dinero, presionaron a un juez de Santa Cruz para que revocara su decisión de liberar al americano.

Por este caso también han sido enviados a prisión en la última semana dos fiscales– Isabelino Gómez, exfiscal de Distrito de Santa Cruz, y Janet Velarde, acusada de ser la presunta responsable directa de presionar al juez que había decidido excarcelar a Ostreicher para que cambiara su fallo.

La denegación de la libertad a Ostreicher por parte de la jueza Gentile tuvo lugar cuatro días antes de que cayera la red de extorsionadores y se supiera que éstos supuestamente interfirieron en el proceso legal que se sigue al ciudadano estadounidense.

El abogado de Ostreicher criticó que “los administradores de justicia no quieren tomar una definición con relación al caso de Ostreicher y se pasan lavándose las manos”.

Jacob Ostreicher llegó a Bolivia hace 4 años para invertir, junto con varios socios, $26 millones en la producción de arroz en Santa Cruz.

Fue detenido en junio de 2011 acusado de presunto blanqueo de capitales, después de que dos empleados suyos fueran apresados por su presunta relación con el narcotráfico.

El empresario lleva casi un mes internado en una clínica de Santa Cruz a causa del deterioro que ha sufrido su salud durante los meses de encarcelamiento y sus abogados han asegurado que le ha sido diagnosticada la enfermedad de Parkinson.

En abril de este año comenzó una huelga de hambre con alimento líquido que prolongó durante siete meses, periodo en el que adelgazó casi 40 kilos.

Los abogados defensores del estadounidense también han anunciado que pedirán la devolución de los bienes incautados por la Dirección de Control y Administración de Bienes Incautados (DIRCABI), además del resarcimiento de los daños civiles.