Centroamérica

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Enrique Peña Nieto visitó Guatemala en calidad de presdidente electo de México. A su lado el mandatario guatemalteco Otto Pérez Molina.
Foto: notimex

Guatemala — En 2013 Centroamérica experimentará el efecto de dos cambios políticos importantes: las elecciones presidenciales en Honduras, en noviembre, y la repercusión del primer año en la administración presidencial de Enrique Peña Nieto, el nuevo mandatario de México, que comenzó el pasado 30 de noviembre.

El nuevo enfoque de Peña Nieto a la guerra contra el narcotráfico será crucial para Centroamérica, donde los traficantes mexicanos han operado desde al menos los años 90, pero donde se recrudeció la narcoviolencia con un incremento de la presencia Zeta desde 2007.

Dos conflictos territoriales en la región y la tregua con pandillas también podrían generar noticias en el nuevo año.

Para febrero se habrá cumplido un año y dos semanas desde que el presidente y general retirado Otto Pérez Molina tomó posesión del cargo, y acaparó la atención regional proponiendo la despenalización de algunas etapas de la narcoactividad. Pero la atención mediática que consiguió se disipó, y aunque la discusión del tema quedó en manos de la Organización de Estados Americanos (OEA), no hay visos que la medida prospere en la región para 2013.

Dos capturas grandes de 2012 (un socio del Cartel Sinaloa; el otro, de los Zetas—ambos requeridos en extradición por EE.UU.), aunque con ayuda estadounidense, envió la señal a Washington de que el gobierno de Pérez Molina sí cooperará en la lucha anti-narcótica, pese a su iniciativa de despenalización. Sin embargo, se espera que Pérez Molina no desista en su intento de persuadir a EE.UU. que levante el embargo de ayuda militar a Guatemala, vigente desde 1977.

La reducción en la cifra de homicidios continúa, aunque no es exclusiva del gobierno de Pérez Molina. Comenzó en la administración de Álvaro Colom en 2010 y alcanzó una tasa de 38 por cada 100 mil habitantes hace un año para diciembre de 2011. Según Central American Business Intelligence, la tasa podría alcanzar 35.

Un diputado de oposición, Aníbal García, atribuye la lenta pero continua reducción de los homicidios al trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), instalada desde 2007, así como al impulso de leyes que contribuyeron a fortalecer el trabajo del Ministerio Público. Las cifras oficiales apuntan a que en 2013 la tasa podría disminuir y regresar a los niveles de hace siete años. Sin embargo, la percepción de la población es que los crímenes han aumentado porque algunos son más brutales, especiales los que cometen las pandillas y los Zetas.

Para finales de 2013, el gobierno espera haber recibido más ingresos propios para financiar el presupuesto. En enero cobra vigencia la nueva reforma fiscal, aprobada a principios de 2012. No obstante, las numerosas exenciones que incluye para el sector empresarial (el principal opositor a la reforma) podrían reducir los ingresos fiscales más de lo que las autoridades esperan.

Aunque las próximas elecciones presidenciales se celebran hasta finales de 2015, el Partido Todos, liderado por Roberto Alejos en el Congreso (exmiembro del partido oficial 2008-2012), ya proclamó a Alejos como su candidato presidencial. El candidato del partido Libertad Democrática Renovada (Líder), quien perdió las elecciones frente a Pérez Molina en 2011, también comenzó a hacer campaña a finales de 2012. Este comportamiento político, y la pérdida de popularidad del oficial Partido Patriota (PP), podrían llevar al resquebrajamiento del partido oficial en el Congreso en 2013, y a una campaña electoral bastante adelantada.

El Oficial Ejecutivo Principal del Ministerio de Seguridad de Belice, George Lovell, asegura que su principal amenaza de seguridad es el reclamo territorial de Guatemala, que data de la época colonial y abarca casi la mitad de las 8,800 millas cuadradas de Belice (incluyendo los cayos). El caso estará sujeto a referendos en ambos países en 2013, a instancias de la OEA, para decidir si la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya, deberá determinar dónde está la frontera oficial entre Belice y Guatemala. Diferentes grupos de la sociedad civil beliceña han iniciado campañas para incitar a la población a votar “no” en el referendo, para que el caso no llegue hasta la CIJ.

La tensión limítrofe continúa exacerbada por conflictos derivados del ingreso ilegal de guatemaltecos para extraer madera y oro en áreas protegidas en Belice, y que no tiene visos de detenerse. Al menos seis guatemaltecos fueron aprehendidos en 2012, y otros tres (supuestamente armados) murieron baleados por soldados beliceños.

Aunque el país tiene una población estimada de 321,000 habitantes (la mitad, de origen mexicano o centroamericano), Belice tuvo en 2011 la tercera tasa de homicidios más alta del istmo (42 por cada 100 mil habitantes) después de Honduras y El Salvador. Para octubre pasado, la tasa ya era de 35. En el año nuevo, si El Salvador sostiene la reducción de su número de homicidios, Belice podría convertirse en el segundo país más violento de la región después de Honduras.

El 85% de los homicidios son vinculados a las pandillas, aunque (contrario al resto del triángulo norte del istmo) la Salvatrucha y la Pandilla Barrio 18 no son las más dominantes. Sin embargo, las autoridades tienen pocos recursos para la controlar la violencia. En septiembre, Belice no logró pagar uno de sus principales préstamos externos, y se augura un año financiero difícil con la reducción de créditos externos para el país. El limitado presupuesto también influirá en los recursos que el gobierno pueda destinar al combate del narcotráfico, que utiliza al país como puente entre Centroamérica y México. También desde ya frena la habilidad del gobierno para financiar programas de empleo para jóvenes en zonas de riesgo por la actividad pandillera.

Para marzo, se habrá cumplido un año desde que el gobierno hizo un pacto con las pandillas para disminuir la violencia. En noviembre pasado, el ministro de Seguridad y Justicia, David Munguía, dijo a la prensa que la tregua de violencia había dado resultado porque las muertes violentas diarias promedio bajaron de 15 a 5. El gobierno reveló que el acuerdo incluía otorgar algunas mejoras en las condiciones de encarcelamiento de los líderes de las pandillas, así como acceso a empleo a jóvenes en zonas de riesgo—aunque el periódico digital El Faro publicó que en ese acuerdo mediaba la entrega de fondos públicos.

Antes de la tregua, El Salvador tenía una tasa de 69 homicidios por cada 100 mil habitantes (principalmente atribuibles a las pandillas). Si las cifras son como Munguía las pinta, el país podría descender del segundo al cuarto país más violento del istmo. El 14 de diciembre, fueron despedidos el Director de Medicina Legal, su jefe de estadísticas, y el oficial de acceso a la información. Según El Faro, estos funcionarios entregaban cifras de homicidios y desaparecidos que no coincidían con las de Munguía y de la Policía Nacional Civil.

El gobierno del presidente Mauricio Funes tiene 2013, antes de las elecciones presidenciales de 2014, para sumar puntos hacia su plan de seguridad, como un logro de su partido. Sin embargo, el próximo año se le augura difícil con un Congreso con fuerte presencia de la oposición (en especial del derechista partido ARENA), que intentará recuperar la presidencia de manos del partido oficial (de izquierda), el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.

Panamá y la corrupción

El presidente Ricardo Martinelli intenta recuperarse todavía de la batalla política perdida cuando, en octubre, presentó un proyecto para privatizar las tierras de la Zona Libre de Colón (ZLC), la zona de exención fiscal más grande del hemisferio y que está situada junto al Canal de Panamá. Las protestas de las comunidades y sindicalistas dejaron al menos tres muertos y varios heridos, y obligaron a Martinelli y al Congreso a dar marcha atrás en el proyecto.

En 2013, Martinelli se enfrenta a la perspectiva de encontrar otras fuentes de ingresos para financiar el presupuesto del Estado. El mandatario no estará en una posición favorable considerando que en abril fue asociado a una red de corrupción entre Panamá e Italia, que involucra a un empresario allegado al ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi. Martinelli supuestamente recibió una maleta de dinero como pago de comisiones, a cambio de facilitar el negocio de la construcción de cárceles móviles en Panamá. El presidente panameño desmiente esta versión.

Una fiscalía en Italia investiga el caso y podría divulgar sus primeros hallazgos durante el primer semestre de este año, cuando Martinelli necesite más apoyo para conseguir financiamiento. El mandatario todavía tiene poco más de un año y medio en el poder antes las próximas elecciones presidenciales en mayo de 2014. La ley no le permitirá ser reelecto.

En marzo de 2012, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Honduras divulgó que la tasa de homicidios de Honduras era de 86 por cada 100 mil habitantes, la más alta del mundo. La ONU registra que es de 91. La aparentemente incontrolable corrupción en la Policía Nacional, el principal obstáculo en la lucha contra la inseguridad, parece no augurar un 2013 distinto. Prevalece aún el involucramiento policial en varios crímenes de alto perfil.

El panorama para el nuevo año se agudiza considerando que el Departamento de Estado sitúa en Honduras el destino del 79% de las avionetas cargadas con cocaína, tripuladas entre Sur y Centro América. Además, la policía contará con menos fondos si EE.UU. cumple con reducir la su ayuda a la Policía en Honduras, como lo anunció cuando fue designado como director general (el militar) Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, supuestamente por su involucramiento en escuadrones de la muerte hace 10 años (según diversas organizaciones de la sociedad civil). En 2012, EE.UU. brindó cerca de $56 millones en ayuda anticrimen y asistencia socioeconómica a Honduras.

El año de 2013 será un año políticamente activo de cara a las elecciones presidenciales de noviembre. Un elemento polémico en el proceso será la participación de Xiomara Castro, como candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre), que fundó Manuel Zelaya—presidente derrocado en 2009. Las elecciones primarias de 2012 también revelaron altos niveles de corrupción.

Numerosas credenciales de votantes fueron halladas en la sede de un partido de oposición. Otras fueron abandonadas en bolsas en zonas residenciales metropolitanas. El Tribunal Supremo Electoral investiga estos casos. El resultado de las pesquisas podría crear más tensiones en un año electoral que ya se pinta convulso. Los roces derivados del derrocamiento de Zelaya hace tres años aún están frescos en la mente de sus simpatizantes y detractores.

En 2011, Nicaragua tenía la segunda tasa de homicidios más baja de la región, 13 por cada 100 mil habitantes. Para 2012, el gobierno sandinista se abrogó la tasa más baja de Centroamérica, destacando el modelo comunitario de cooperación con la policía. Con la victoria del Sandinismo en las elecciones municipales de Managua, y otras ciudades importantes, el país podría mantener sus bajas cifras de homicidios—una de las banderas del gobierno de Daniel Ortega.

Algunos medios de prensa destacan que la Policía de Nicaragua no está sujeta a las mismas presiones que en el triángulo norte del istmo, en cuanto a corrupción y cooptación del crimen organizado. Sin embargo, algunos analistas coinciden en que la presión del oficial partido Sandinista es tan efectiva que los testigos de hechos irregulares usualmente los reportan a las autoridades, para no ser considerados cómplices por omisión de denuncia. Otro incentivo supuestamente está en las oportunidades laborales accesibles para los colaboradores del plan de seguridad comunitaria del gobierno.

Factores adicionales mencionados en diversos análisis incluyen un limitado trasiego de drogas en zonas rurales de Nicaragua (tierra adentro), contrario a sus zonas costeras, particularmente en el Atlántico. Esta característica tiende a generar menos homicidios vinculados al narcotráfico. Pero en la medida que el trasiego de droga ocupe más zonas terrestres en 2013, cerca de sectores urbanos, podría generar más muertes violentas. La verdadera prueba para la bandera de seguridad sandinista estará en el largo plazo, porque Ortega (electo en 2006 y reelecto en 2011) permanecerá en la presidencia hasta 2016, cuando se celebran los próximos comicios.

La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, asegura que en su país aumenta la tasa de homicidios (que cerró el año 2011 en 10 por cada 100 mil habitantes) debido al narcotráfico, y que el istmo no tiene recursos insuficientes para controlar la violencia que la narcoactividad genera.

De acuerdo con el catedrático y analista mexicano David Martínez-Amador, en Costa Rica ya existe una fuerte presencia del Cartel de Sinaloa, pues algunos asesinatos tienen la firma de los sicarios que operan para esa organización criminal. Según una fuente legislativa de Guatemala, Costa Rica fue el destino de socios guatemaltecos del citado cartel que huyeron de Guatemala después de la captura de un importante capo en junio pasado.

En otro frente, Costa Rica todavía espera Nicaragua retire el personal de seguridad que tiene destacado en una zona vecina a la frontera con Nicaragua, adjunta al Río San Juan, y que Costa Rica considera como propia. Nicaragua la asume como nicaragüense. El caso se continuará ventilando en la Corte Internacional de Justicia en 2013.