Más impuestos en Dominicana

Una mirada a los desafíos que enfrentan los habitantes en tres territorios del Caribe

Vista de una de las manifestaciones convocadas en República Dominicana el año pasado para  exigir al Gobierno que someta a la justicia a los supuestos responsables del déficit fiscal. Algunos sectores de la población culpan al exmandatario Leonel Fernández por los problemas económicos de la isla caribeña.

Vista de una de las manifestaciones convocadas en República Dominicana el año pasado para exigir al Gobierno que someta a la justicia a los supuestos responsables del déficit fiscal. Algunos sectores de la población culpan al exmandatario Leonel Fernández por los problemas económicos de la isla caribeña. Crédito: efe

Santo Domingo — La población dominicana sentirá desde inicios de este 2013 un duro golpe a la economía familiar. A partir de enero comienza la aplicación de los impuestos de la recién aprobada reforma fiscal promovida por el presidente Danilo Medina, bajo la justificación de recuperar parte del déficit fiscal que le heredó Leonel Fernández, su predecesor y compañero de partido.

El déficit, calculado por la gestión de Medina en unos $4,734 millones, superará los $5,063 millones según el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que sitúa el desbalance de las cuentas gubernamentales en un 8.5% del Producto Interno Bruto (PIB).

Los dominicanos pagarán impuestos por productos que antes no estaban gravados y experimentarán un aumento en otros, como los aplicados a los combustibles o los alimentos, así como a servicios. El Gobierno busca recaudar $1,164 millones del déficit provocado por la gestión de Fernández.

Uno de los aumentos más sensibles será la subida de 16% a 18% del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados (ITBIS). También la inclusión –aunque en forma gradual– de una serie de productos de primera necesidad que antes no tenían este gravamen.

A esto se suma un aumento neto de 2 pesos (más de 5 centavos de dólar) en cada galón de combustible comprado por los ciudadanos.

Las movilizaciones sociales de los últimos meses, convocadas a través de las redes sociales, no impidieron el establecimiento de las nuevas cargas impositivas. Por otro lado, los movimientos que se apoyaron en portales de la Internet como Twitter o Facebook para convocar grandes protestas reivindicativas esperan ver –a partir de este mes– el fruto de su lucha en demanda de que el Gobierno cumpla con la asignación del 4% del PIB para la educación preuniversitaria.

El sector recibirá, según lo programado en el Presupuesto Nacional, más de $3,934 millones, un aumento significativo de su asignación en 2012, que fue de $1,481 millones.

Con los nuevos fondos, la gestión de Medina se propone como meta expandir la cobertura educativa para matricular más de 1.8 millones de estudiantes en las escuelas públicas, así como invertir en la construcción de 10,000 nuevas aulas y rehabilitar 4,091.

Para este año 2013 habrá 97 centros escolares con horarios extendidos de ocho horas diarias, los cuales acogerán a 33,327 estudiantes.

Aunque el tema de la seguridad ciudadana preocupa a los dominicanos, los planes de la gestión de Medina serán muchos menos ambiciosos en esta área. La tasa de homicidios se mantiene en más de 24 personas por cada 100,000 habitantes, y sólo entre enero y noviembre se registraron 168 asesinatos de mujeres.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos atribuye a los agentes de la policía más de 300 muertes de civiles, las cuales definen como “ejecuciones extrajudiciales”.

Aunque existe una ley de reforma policial pendiente, las acciones estatales van en otra dirección. El Gobierno anunció la formación de 7,935 policías auxiliares, así como la entrega de 30,369 equipos policiales para fortalecer la capacidad de acción preventiva. Además, promete suplir 1,141 unidades de transporte a la Policía Nacional para dar respuesta efectiva al sistema de llamadas de emergencia a través del 911.

El año 2013 empieza con un fuerte debilitamiento en materia democrática con el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), la principal fuerza de oposición, afectado por una guerra abierta entre el grupo que encabeza el expresidente Hipólito Mejía y el presidente de la organización, Miguel Vargas Maldonado. Ambos líderes han llevados su diferencias al Tribunal Superior Electoral (TSE) como parte de una crisis que cada vez se profundiza más.

Mientras, el vecino Haití cumplirá su tercer año desde el terremoto del 12 de enero de 2010, sin poder todavía sacar de las calles de Puerto Príncipe a miles de personas que sobreviven en carpas improvisadas, a lo que se suman los efectos de la epidemia de cólera que se desató en octubre de 2010 y que ha matado a más de 7,500 personas en territorio haitiano y a más de 450 en República Dominicana.

Los afectados por la enfermedad en Haití hasta el momento se calculan en 615,000 personas, mientras que en República Dominicana se estiman en unos 28, 700.

En el plano político, el gobierno de Michell Martelly discute con los poderes legislativo y judicial la conformación de un Comité Electoral Permanente (CEP) integrado por nueve miembros que deberán celebrar elecciones congresionales y municipales para elegir a los diputados, senadores y alcaldes.

Todavía se desconoce la fecha cuando se celebrarán estos comicios, pero las autoridades haitianas se muestran optimistas porque será la primera vez en la historia democrática que en ese país existirá en un comité electoral de estado permanente.

Haití también planifica una reunión de la Comunidad Económica del Caribe (CARICOM).

Puerto Rico contará con un nuevo gobernador a partir de hoy. Alejandro García Padilla, del Partido Popular Democrático, asume las riendas del poder luego de las elecciones del pasado 6 de noviembre, que incluyó un referendo sobre el estatus de la isla con respecto a Estados Unidos.

García Padilla, que sustituirá a Luis Fortuño, ha prometido un proyecto para crear 50,000 nuevos empleos, y reducir los gastos del gobierno, con el objetivo de mejorar la calificación del crédito de Puerto Rico. Al gobernador le preocupa que Moody’s Investors Service bajó dos escalafones la clasificación de los bonos de obligación general (GOs) de la isla (de Baa1 a Baa3).

Una de las tareas más importantes que enfrenta el gobernador entrante es la de poner freno a la criminalidad que en 2012 volvió a golpear a Puerto Rico con más de 960 asesinatos, a pesar de que en julio entró en vigor un nuevo código penal con penas más severas.

Aunque las estadísticas policiales señalan que, en comparación con 2011, en la isla caribeña se registraron 155 muertes violentas menos, en cambio se incrementó el asesinato de menores de edad, con más de 30 muertes violentas de niños registradas en el año que terminó.

García Padilla también deberá tomar medidas contra las drogas, ya que parte de esta criminalidad está ligada al narcotráfico. El incremento en la utilización de la vía caribeña para introducir cocaína en Estados Unidos ha convertido a Puerto Rico en puerta de entrada de la droga hacía el país norteamericano.

Dicha criminalidad es uno de los factores que ha incidido en la emigración de muchos isleños a Estados Unidos. El otro es el desempleo.

Según datos del censo , según publicó El Nuevo Día, la emigración hacia Estados Unidos durante la pasada década pudo estar entre las 300,000 y las 500,00 personas.

Pero, quizás el tema que concitará la mayor atención del gobernador es el del estatus politico de la isla, ya que en los comicios en los que resultó ganador, sus coterráneos votaron por convertirse en un estado más de los Estados Unidos. Sin embargo, una decisión al respecto depende de Washington.

Actualmente, Puerto Rico es un Estado Libre Asociado en el que los isleños tienen pasaporte estadounidense y la moneda de la isla es el dólar, pero no tienen derecho a elegir presidente.

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