Gastan cifra récord en control de inmigración

Expertos insisten en que la frontera está más segura ahora que en toda su historia

Agentes de la Patrulla Fronteriza vigilan la frontera con México en El Paso, Texas.  Un informe divulgado ayer enfatizó que la aplicación de la ley de inmigración en particular en la frontera suroeste con México representa el más financiado  elemento en el control fronterizo, con un despliegue de 21,370 patrulleros en 2012.

Agentes de la Patrulla Fronteriza vigilan la frontera con México en El Paso, Texas. Un informe divulgado ayer enfatizó que la aplicación de la ley de inmigración en particular en la frontera suroeste con México representa el más financiado elemento en el control fronterizo, con un despliegue de 21,370 patrulleros en 2012. Crédito: ap

WASHINGTON, D.C. — A pesar de la crisis en el presupuesto fiscal, el control de inmigración concentra la mayor cantidad de recursos federales. Así lo concluyó un nuevo reporte, difundido ayer, por el Instituto de Política Migratorias, MPI. Durante el año fiscal 2012, se invirtieron $18,000 millones en este sector.

Mientras en el Congreso, los recortes dominan la agenda, los números cuentan otra historia. El nuevo informe indicó que el país gasta más dinero en el control de inmigración, que en todos los recursos combinados de las agencias que supervisan el cumplimiento de la ley. Entre ellas la DEA, FBI, US Marshals y ATF. En total, el gasto de las cuatro, fue de $14,400 millones.

Desde la implementación de la ley de inmigración, hace 26 años, el gobierno ha gastado $219,000 millones en asegurar la frontera.

El reporte indicó también, que desde 1990, 4,000,000 de indocumentados han sido deportados, con un aumento significativo a lo largo de los años. Desde 30,039 en 1990 a 391,953 en el año fiscal 2011.

El documento destaca además, que los 430,000 indocumentados detenidos en el año fiscal 2011, sobrepasan el total de reos en todas las cárceles del país.

“Una filosofía de control de inmigración primero, se ha convertido en la política de facto en el país”, dice el documento. El gasto de las dos agencias dedicadas al control de inmigración- CBP y ICE- además de US VISIT, ha sobrepasado los $17,900 millones, 15 veces más, que cuando la ley de inmigración fue implementada”, agrega.

El reporte indica que desde este periodo, diferentes gobiernos y Congresos, han logrado lo que los proponentes de la política de “control de la frontera primero”, han impuesto como una precondición para reformar la ley.

“Está claro, mirando este reporte, que las percepciones no se han equiparado a la realidad. Esperamos que el informe ayude en el análisis del panorama global y que sirva para que los legisladores y grupos de interés ajusten las percepciones, con lo que realmente está ocurriendo”, comenta la presidenta de MPI, Doris Meissner.

A pesar de esto, el informe destaca áreas en que todavía se puede mejorar. Entre ellas menciona los puertos de entrada por tierra como un desafío creciente. “La diferencia entre el número de arrestos entre los puertos de entrada y aquellos a los que se les niega el ingreso, se está reduciendo”, dice.

En el año fiscal 2000, los puertos de entrada triplicaron el número de personas no admitidas, que fue de 559,000. Pero en 2011, la diferencia fue de 1.5 veces más. “A pesar de los avances significativos, los puertos de entrada por tierra, no han experimentado mejoras a la par con el control de inmigración”, resalta el documento.

Sin embargo, en el escenario de que el país implemente mejoras en este sector, MPI anticipa que habrá un aumento de personas que se queden más allá del tiempo permitido por sus visas.

Grupos pro inmigrantes reaccionaron al informe. “El Congreso debiera eliminar programas que son un desperdicio y una carga, como Operación Streamline”, especificó Ali Noorani, director ejecutivo de National Immigration Forum.

“La frontera está tan segura, como puede serlo, sin un sistema legal de inmigración que funcione. El Congreso debiera ponerse a trabajar ahora mismo en soluciones prácticas de largo plazo que mejoren el sistema”, agregó.

Es probable que las cifras entregadas en este reporte sean usadas tanto por legisladores como activistas, para impulsar el debate sobre una reforma migratoria y prevenir concesiones desproporcionadas en seguridad fronteriza en la mesa de negociaciones.

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