Sombrías alcancías de mostrador

Fiero invierno en el barrio hispano de San Francisco: tres familias tocadas por el luto y la penuria de los gastos fúnebres en el extranjero

SAN FRANCISCO.— Aquello parecía velorio sin muerto. Los asistentes rodeaban un espacio vacío en la sala de la casa, en Crocker Amazon, no lejos de la intersección de la calle Mission y la avenida Geneva; se bebía café, había pan, también desesperanza y disgusto.

Tres días después de la muerte de Francisco “Bryan” Gutiérrez, ocurrida el 1 de enero, sus hermanos y la madre, quien voló de Houston al enterarse, lo mismo que los amigos presentes, elogiaban las virtudes del fallecido y lamentaban la carencia que ensombrecía aún más el luto.

Decían que trasladar el cuerpo a Honduras, a Marcovia, en el sureño departamento de Choluteca, habrá de costarles al menos 15,000 dólares, dinero que no tienen.

“Lo más negativo ha sido el consulado”, comentó uno de los amigos al referir cómo planean recabar el dinero —hubo la petición de que se evitara mencionar ciertos nombres en esta nota; inmigrantes, algunos sin documentos legales, había temor a esa hora de atraer la atención de la policía migratoria o de la pandilla a la cual pertenece David Morales, quien provocó la muerte de “Bryan”.

Mientras el duelo transcurría en charlas, una hermana de Gutiérrez preparaba las cajas de cartón que luego se colocarían en restaurantes y supermercados del área, las tristes alcancías que la comunidad latina usa para recaudar fondos y pagar sus funerales. Terminada la primera —forrada con un papel gris impreso con la leyenda: “Happy Holidays”—, la mujer adhirió una foto del difunto y una nota manuscrita: “…estamos pidiendo una colaboración para poder embiar (sic) su cuerpo para su país natal Honduras”.

Al mediodía puntual del 9 de enero, Marlon Miralda, quien se identificó como “agente consular”, venturosamente respondió al teléfono en la representación del gobierno de Honduras en San Francisco; por días se había intentado conectar con alguien en ese consulado; el titular, Héctor Monroy, dejó el puesto quizá en diciembre.

Explicó Miralda que quien desee obtener ayuda gubernamental para repatriación de cadáveres debe hacer trámites ante la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras, en Tegucigalpa. Dijo que pueden aportar entre seis o siete mil dólares.

En ninguna otra parte del mundo, según Miralda, los hondureños pueden tramitar ante su gobierno apoyo para gastos funerarios y traslado de cuerpos al país de origen, solo en Tegucigalpa. Así que la familia de Francisco Gutiérrez, dos hermanos avecindados en Marcovia, tendrían que trasladarse de esa ciudad a la capital, un recorrido de dos horas en auto, para iniciar el papeleo.

“Preferimos olvidarnos de eso; estamos esperando que la comunidad nos ayude”, comentó Orling Francisco Gutiérrez, hermano del fallecido —ambos nacieron un 4 de octubre, aunque en años distintos, contó la madre, de allí que compartieran el nombre.

Orling Francisco Gutiérrez es el titular de una cuenta de Bank of America, la 0272 37 1438, en que pueden hacerse donaciones para apoyar con los gastos funerarios y eventualmente repatriar el cadáver del otro Francisco, quien ya le dejó el nombre para él solo.

A David Morales, de 19 años, el juez le podría dictar cadena perpetua, por ahora le pusieron fianza de 10 millones de dólares. Lo incrimina el fiscal de distrito con una riada de al menos 10 cargos penales (dos por homicidio; tres por intento de homicidio; uno por participar en pandillas; uno por posesión de arma cuando se encontraba en libertad condicionada; uno más por deliberadamente escapar de la policía…).

Provocó la tragedia del 1 de enero. Morales escapaba de la policía, sospechoso de haber disparado un arma previamente, y a todo motor fue a estrellar su vehículo contra el auto que manejaba Emmanuel García, de 17 años, a quien su tía, Silvia Patricia Tun Cun, de 29 años, había despertado para que la llevara de regreso a casa, tras celebrar la velada de año nuevo.

Todo ocurrió en la Misión. García resultó con múltiples lesiones y permanece en el hospital. Tun Cun, madre soltera de un varón de 7 años, quien vive en Guatemala, murió allí mismo, en la esquina de South Van Ness y la calle 21. Allí quedó también Francisco “Bryan” Gutiérrez, de 26 años, aplastado por el vehículo de las víctimas, lanzado a la banqueta Noreste tras ser chocado por Morales, a las puertas de la afamada licorería y tienda de abarrotes Muzi’o.

Ni la familia de Gutiérrez ni José Vicente López, cuñado de Tun, miraron bien cómo trabajó la policía de San Francisco ese día.

López, quien prepara masa en una tamalería, sonaba un tanto indignado el 4 de enero, frente a un altar callejero por las víctimas.

También hay una cuenta de banco, de Wells Fargo, la 02772-5136, a nombre de María Piedad Tun, hermana de Silvia Patricia. López dijo que recaudaban dinero para el hijo. Su cuñada trabajaba, también tomaba clases en City College; pero ella, brotando el llanto, dijo: “Como sea, ya se fue a descansar”.

Lázaro Martínez, en Monterey, se compadeció y redujo la tarifa de la banda Santa María, que el sábado 6 de enero tocó por cuatro horas en el velorio de los Juan Carlos Escamilla, otros dos que compartían el nombre.

Precio regular, por venir a San Francisco, la Santa María cobra 750 dólares la hora, mencionó Martínez. Pero dijo que le hizo descuento al padre de Juan Carlos Escamilla Rojas, quien ya estará sepultado junto a su hijo, Juan Carlos Escamilla Monroy, de 9 años la criatura, en el cementerio El Rodeo de la comunidad de Cristo Rey El Potrero, municipio de Villa Sola de Vega, Oaxaca, México, tanto porque les insistió para que tocaran como porque le dio mucha pena la historia.

Los Escamilla se ahogaron en la Bahía, el 28 de diciembre, mientras pescaban. La familia —compuesta por padre y madre, hijo e hija— había perdido la casa en un incendio ocho días antes. Las mujeres están ya también en Oaxaca; se fueron en compañía de sus muertos. El consulado de México les ayudó con los gastos funerales y los de traslado, de muertos y vivos.

El 7 de enero, con las actas de defunción en la mano, Pablo Monroy, cuñado de Escamilla Rojas, anotó todavía algo en una libreta que trajo consigo desde el amanecer del 20 de diciembre, cuando, junto con su mujer y tres hijos, fue desalojado por el incendio del edificio de apartamentos del 119 de la calle Broad, en Oceanview, donde vivían además su hermana Guadalupe, con Juan Carlos y los hijos de ambos.

Aún días antes, en los coloridos mercados de la calle 24, repegadas contra los dulces de leche, los higos azucarados, las rosquillas, las banderitas de azúcar, estaban las sombrías alcancías en socorro de los Escamilla. Para el día en que el funeral se trasladó a México, las cajas habían sido retiradas.

Monroy se despidió de Magda Maldonado, quien le ayudó a navegar por los trámites, dedicada desde hace 30 años a la organización de funerales. En unas horas abordarían el avión su hermana y su sobrina, también el padre y abuelo de los Juan Carlos. “Ya no pedimos dinero”, informó antes de irse. “Dijimos, como familia, que una vez cubiertos todos los gastos, ahí parábamos. Otra gente tiene su necesidad. No le queremos quitar dinero a nadie”. Solo rogó, dos veces, que se agradeciera a la comunidad el apoyo.

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