Exigen fiscalía por desaparecidos
Organizaciones de derechos humanos, sociales y familiares de desaparecidos participan en una jornada de protestas. Crédito: efe
México/EFE Familiares de personas desaparecidas en México se reunieron ayer con el secretario de Gobernación (Interior), Miguel Ángel Osorio Chong, y le pidieron crear una fiscalía especializada para atender sus casos, informaron fuentes oficiales.
A propósito de esa demanda “Osorio Chong dijo que se explorará esa posibilida”, señaló un comunicado difundido por el ministerio mexicano.
En el encuentro, el ministro mexicano se comprometió a “buscar a todos” los desaparecidos y a “establecer contacto con las instancias estatales correspondientes para avanzar en las investigaciones en curso a fin de encontrar a los desaparecidos”, detalló en un comunicado la Secretaría de Gobernación.
“La búsqueda de las personas desaparecidas, señaló, es un asunto de voluntad, misma que tiene este Gobierno y que ha demostrado con hechos, prueba de ello es la publicación de la Ley General de Víctimas”, añade la nota informativa.
La nueva ley, que ha sido avalada por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) pero criticada por algunos académicos y otras organizaciones civiles, que la consideran defectuosa y difícil de poner en práctica, fue promulgada el pasado 9 de enero.
Aquel día, el poeta Javier Sicilia, quien encabeza el MPJD, la consideró un “primer paso hacia la justicia y la paz” en México y como un “gesto democrático”.
El comunicado emitido por la Secretaría de Gobernación detalla que Osorio “escuchó y atendió a los familiares de los desaparecidos, quienes expresaron su confianza en la nueva Administración para encontrar a sus hijos, hermanos y padres”.
El ministro, que asumió su cargo el pasado 1 de diciembre, dijo además que actuará “con toda responsabilidad” en los casos, con el compromiso de encontrar a las personas desaparecidas.
Durante el mandato del presidente Felipe Calderón, del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012, el mandatario lanzó una estrategia frontal contra el crimen organizado que dejó unos 70,000 muertos en México, según datos del nuevo Gobierno.
La cifra de desaparecidos ronda los 20,000, según estimaciones del no gubernamental MPJD.
