Salvadoreños sufren por deportaciones

Representantes de organizaciones salvadoreñas en Los Ángeles lamentan que la administración del Presidente Barack Obama esté dejando a muchos menores sin sus padres y se esté incrementando la inseguridad ciudadana en El Salvador.

En los últimos tres meses, desde que inició el año fiscal 2013, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) deportó a más de 4,300 salvadoreños. De éstos, un poco más de 1,800 personas tienen récord criminal.

Salvador Sanabria, director de El Rescate, una organización que brinda ayuda legal de inmigración, dijo que DHS ha hecho un esfuerzo dirigido en expeditar la captura, procesamiento y deportación de centroamericanos.

“Este esfuerzo demuestra la efectividad de la campaña de deportación que ha producido separaciones familiares… esta política somete a un castigo a los niños y las niñas nacidos en EEUU, quienes son hijos de padres inmigrantes que han sido deportados, lo que conlleva a más problemas sociales”, dijo Sanabria.

El Rescate ha visto un surgimiento de casos legales en que los menores se quedan sin padres y que ahora están bajo la custodia del Departamento de Servicios Infantiles y Familiares (DCFS).

En el período fiscal 2010 la administración Obama deportó a unos 392,000 a El Salvador. En el 2011 la cifra alcanzó los 391,953, mientras que en el año fiscal 2012 expulsó a 409,894 salvadoreños.

Jessica Martínez, una madre de cuatro menores, y su esposo Juan José Portillo fueron deportados. Sus hijos de 13, 12 y dos gemelos de 10 años sufren las consecuencias emocionales de la separación. Los cuatro pequeños están bajo protección de DCFS. Dana, de de 13 años fue entregada a una tía y Giselle, de 12 a su padre biológico, y posteriormente separada de este por supuestos malotratos físicos. Los gemelos estuvieron en un hogar de crianza.

María R. –tía de la niña de 13 años- aceptó a los otros tres hijos de Jessica y aunque los niños han mejorado de salud física y emocional, a Jessica le preocupa la pequeña Giselle, quien ha confesado que quiere morirse.

“Su mamá les habla todos los días y yo me aseguro que no les falte comida, pero la verdad es que es muy difícil para todos”, dijo María R., quien está bajo vigilancia constante de DCFS y ha tenido que dejar de trabajar para cuidarlos. “A mí no me pesa cuidarlos. Yo los vi bien tristes y me dio lástima por eso los agarré”.

Martha Arévalo, directora ejecutiva del Centro de Recursos Centroamericano (CARECEN), indicó que la organización esta trabajando con los departamentos del Sheriff y de Policía de Los Ángeles (LAPD) para recordarles que no tienen que reportar a las autoridades de migración a cada persona que detienen por faltas administrativas.

“Estamos trabajando para que paren las deportaciones, que se aseguren que a nivel nacional se siga hablando y empujando la reforma migratoria con enfoque en la reunificación de las familias”, dijo Arévalo.

Angela Sanbrano, presidente de la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas, agregó que el programa de Comunidades Seguras –que impulsa la administración Obama- ha deportado a personas por violaciones administrativas como manejar sin licencia, a vendedores ambulantes o por crímenes menores.

“En la administración de Obama se han deportado a 1.5 millones de personas. Más deportados que ningún otro presidente”, añadió.

Las deportaciones han provocado una mayor inseguridad ciudadana en El Salvador al tener a más personas desempleadas y personas con récord criminal, sin poderles ofrecer programas de reinserción.

“El Salvador carece de la capacidad para darle trabajo a tantas personas que regresan, y de la capacidad de atender a quienes han cometido algún delito en Estados Unidos”, dijo Sanbrano.

Nelson Flores, presidente del Comité El Pescador, una organización que tiene proyectos de desarrollo social en la zona de Puerto El Triunfo, en Usulután, dijo haber notado el terror en el que vive la población durante un viaje que hizo para un evento en el centro escolar donde él estudio y el cual tuvo que ser reprogramado ante advertencias de las autoridades .

La graduación -que lleva su nombre- estaba programada para las 4 de la tarde y los jóvenes iban a tener una fiesta, hasta que llegó una carta de las autoridades del Ministerio de Educación pidiéndoles a todas las escuelas del oriente del país que suspendieran todas las actividades nocturnas porque no podían garantizar la seguridad.

La graduación se movió para las 8 de la mañana y no hubo fiesta.

“Las maras están peor, tienen al pueblo donde yo vivía aterrorizado. Hay tantos ejemplos, violaron a una anciana y la mataron. Nuestra gente no se siente tranquila en ningún lado”, señaló.

“Ni en el tiempo de la guerra había tanto terror en la gente. Cuando uno venía a la guerrilla se apartaba y lo mismo con los militares. Era peligroso porque a veces la gente pagaba cosas que no debía, pero la gente no tenía tanto temor como ahora. Me consta que la gente vive aterrorizada”, dijo.