No hay tregua ni para menores

A última hora, el Departamento de Justicia (DOJ) del país decidió apelar un caso que hubiera facilitado las tarjetas verdes para hijos que cumplen la mayoría de edad mientras se tramita la petición de residencia de sus padres.

El caso Osorio, presentado hace 5 años por abogados de Los Ángeles y Pasadena, fue decidido a favor de los demandantes el pasado mes de septiembre, abriendo la puerta para una interpretación más generosa del Acta de Protección de Estatus de Menores CSPA, aprobada en 2002.

En ese momento los abogados, exultantes, dijeron que esto ayudaría a que “decenas de miles de familias no tendrían que separarse por el tiempo que toma procesar algunas visas de residencia y que los padres no tendrán que dejar atrás a sus hijos cuando cumplen 21 años”, dijo Carl Shusterman, abogado de Los Ángeles que inició la demanda.

Pero el momento de celebrar se pospuso ayer una vez más debido a que el Departamento de Justicia decidió pedir –a última hora en la fecha límite que podía hacerlo, ayer- que la Corte Suprema escuche el caso y considere decidir en contra de los demandantes.

“Es una gran desilusión”, dijo Shusterman el viernes al enterarse de la decisión del DOJ. “Esto significa que las decenas de miles que han esperado en línea, algunos de ellos desde que tenían 1 o 2 años de edad, pero que ya cumplieron 21 años, no podrán entrar en la petición de ajuste de los padres y no podrán reunirse con ellos en los Estados Unidos”.

“Parece que queremos hablar de algo que va más rápido o más lento cuando en realidad con las restricciones de hoy, un mexicano en esta situación tendría un tiempo de espera de más de 100 años por el largo de la línea. Los filipinos son casi 30 años”, dijo Shusterman.

Ahora que se habla de una reforma migratoria y republicanos como Marco Rubio sugieren que los indocumentados que están en el país deben estar “al final de la línea”, casos como este ilustran lo larga que puede resultar esa línea para algunos inmigrantes.

Un ejemplo de un caso relevante es el de la clienta de Shusterman & Associates, Rosalina Cuellar de Osorio, cuya madre, ciudadana estadounidense, pidió a su hija por prioridad F3 (como hija casada de ciudadano). En la petición se incluyó como derivado al hijo menor de Cuellar de Osorio, que en ese momento, 1998, tenía 13 años.

No obstante, para el momento en que llegó la fecha de prioridad de la visa, había cumplido 21 años y según el gobierno federal, ya no calificaba para inmigrar desde esa fila a pesar de que en 2002 el Congreso aprobó la ley Acta de Protección de Estatus de Menores CSPA.