Centroamérica: alerta roja con perfil libanés

Parece insólito, pero las noticias de libaneses con conexiones terroristas que utilizan Centroamérica como corredor de paso todavía no han despeinado a nadie en el istmo. Al menos no a ningún tomador de decisiones que lo haya hecho público. En las circunstancias que vive la región, con narcoactividad rampante, tráfico de armas a la orden del día, y las maras en plena metástasis, ignorar ese peligro adicional es una locura.

En septiembre de 2012, la publicación hondureña Proceso Digital reprodujo la noticia de un diario Isralí y otro Libanés sobre la instalación de un campo de entrenamiento en el sur de Nicaragua (cerca de la frontera con Honduras), con una treintena de militantes de Hezbolá. El dato incluía que pretendían atacar objetivos estadounidenses si EE.UU. seguía presionando a Irán con el tema nuclear, y de paso usar el campamento para tráfico de armas y drogas para hacerse de recursos. Prensa local y al menos un miembro de la diplomacia de EE.UU. en Nicaragua desestimaron la noticia, calificándola de sensacionalista, y asegurando que el gobierno nicaragüense no había confirmado ese extremo.

Sólo unos días después, la prensa mexicana publicó que dos libaneses con presuntos vínculos con Hezbolá y el crimen organizado fueron capturados en Cancún, uno de ellos, portando un pasaporte beliceño a nombre de una persona fallecida en 1976. Un tercer libanés, quien evadió el operativo de captura, fue vinculado con la portación de pasaportes falsos que le valió su captura en Panamá hace unos años, y con el tráfico de migrantes, que también lo llevó a la cárcel en Honduras. Uno de los detenidos, Samir Youssef Safa, y su hermano Yasser Youssef Safa, además son vinculados por la policía beliceña con el contrabando de vehículos que son robados en Guatemala. También son asociados al lavado de dinero.

Otros libaneses-beliceños son vinculados al trasiego de drogas. El tema no es nuevo. En octubre de 2012, agentes migratorios de Belice capturaron a un libanés cuando intentaba cruzar la frontera hacia México. El sujeto, Khaled Jamil El Turk, es requerido en extradición por EE.UU. por traficar pseudo-efedrina a ese país vía Miami, Florida. En 2011, fue capturado otro libanés – esta vez, en Honduras—luego de tratar de vender armas a cambio de cocaína a quien él pensaba era un contacto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En realidad, se trataba de agentes encubiertos de la Agencia Federal Antidrogas de EE.UU. (DEA).

En 2008, un cable de la Embajada de EE.UU. en Belice, filtrado por Wikileaks, reveló que algunos sujetos libaneses en el norte de Belice presuntamente estaban vinculados con el tráfico de drogas hacia EE.UU., y el contrabando de vehículos robados hacia Líbano, además de tener nexos terroristas. Para febrero de 2012, un ex jefe de operaciones internacionales de la DEA le decía al Congreso de los EE.UU. que Nicaragua y Venezuela eran las principales bases de

Hezbolá en Latinoamérica.

Estos factores, sumados al hecho que la región es el jamón del sandwich entre la demanda de armas de los carteles de la droga en México, y de las FARC y grupos paramilitares involucrados en narcotráfico en Colombia y otras partes de Sudamérica, cabe preguntar: ¿Qué esperarán los gobiernos del continente para incluir el tema de los libaneses en la agenda pública de seguridad? ¿O al menos para admitir que el problema existe y puede convertirse en una bomba de tiempo?