Critican uso de aviones no tripulados para vigilancia fronteriza

El plan de la reforma migratoria de un grupo bipartidista del Senado propone aumentar el número de aviones no tripulados para patrullar la frontera con México

La propuesta no precisa cuántos de esos aviones de alta tecnología serán añadidos a la flotilla de diez “Predators” del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

La propuesta no precisa cuántos de esos aviones de alta tecnología serán añadidos a la flotilla de diez “Predators” del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés). Crédito: AP / Archivo

Washington – Los aviones no tripulados han surcado los cielos con ataques teledirigidos contra blancos terroristas en el exterior, pero, dentro de un plan para la reforma migratoria, han atizado la controversia al cobrar mayor protagonismo en la seguridad fronteriza de EE.UU.

El plan presentado la semana pasada por un grupo bipartidista del Senado propone aumentar el número de los aviones no tripulados (“drones” en inglés) para patrullar la frontera con México y disuadir el tráfico ilícito de drogas, personas, armas o dinero.

La propuesta, aún sin plasmarse en un proyecto de ley, no precisa cuántos de esos aviones de alta tecnología serán añadidos a la flotilla de diez “Predators” del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

Pero la idea de aumentar el número de esos aviones -que EE.UU. antes solo usaba contra Al Qaeda en Pakistán o Yemen- afronta críticas de quienes consideran que los “drones” son ineficaces y costosos y amenazan los derechos civiles.

“No tengo claro cuáles son los beneficios de esos ‘drones’ en relación al gasto. Son costosos y levantan serios interrogantes sobre la protección de la vida privada de las personas, porque son capaces de vigilar actividades no relacionadas con la inmigración”, dijo a Efe Jay Stanley, analista de la Unión de Libertades Civiles de EE.UU. (ACLU).

“Desconozco que los ‘drones’ hayan tenido logros significativos, y nos preocupa el énfasis en soluciones tecnológicas para problemas sociales tan complejos como la inmigración. Hay quienes presionan por aumentar el uso de esos aviones, pero hay que estudiar medidas para proteger la privacidad frente a esa tecnología”, agregó.

Estados como Florida, Maine, Misuri, Montana, Nebraska, Dakota del Norte, Oregón, Virginia y Texas sopesan medidas para regular debidamente el uso de los “drones” para misiones policiales en suelo estadounidense, según Stanley.

Las críticas también vienen de conservadores como David North, del Centro para Estudios de Inmigración, quien ha criticado en su blog la deficiente planificación y financiación del programa de “drones” del DHS.

“Creo que el DHS ha caído en la misma trampa que el Pentágono pero a menor escala, y está obsesionado con juguetes para hombres adultos, en este caso los ‘drones'”, ha dicho North.

Un informe del Inspector General del DHS indicó que el programa de “drones” de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CPB), puesto en marcha en 2004, afronta deficiencias y no tiene el debido presupuesto para el mantenimiento y reparación de esos aviones.

La CBP “afronta el riesgo de haber invertido sustancialmente en un programa que limita los recursos y su capacidad de lograr las metas de la misión”, advirtió el informe de 22 páginas en mayo pasado, al señalar que el DHS utiliza sólo entre una tercera y una cuarta parte de la capacidad de estos aviones no tripulados.

Cada Predator cuesta entre $18 millones y $20 millones, sin incluir el costo de la operación y mantenimiento de los aviones, fabricados por General Atomics, una empresa con sede en San Diego (California) y que el año pasado logró un contrato de $443 millones del DHS.

La CBP asegura que esos aviones contribuyeron en 2011 al arresto de 7.500 indocumentados y el decomiso de casi 21.000 kilos de marihuana, pero, según sus críticos, esas cifras son menos del uno por ciento del total de arrestos y confiscaciones en los últimos seis años.

Al igual que en 2006, la mayoría de los republicanos insiste en que primero se certifique el control operacional de la frontera para abrir una vía hacia la eventual legalización y ciudadanía de la población indocumentada.

El presidente de EE.UU., Barack Obama, ha iniciado una campaña de presión a favor de la reforma migratoria y ha destacado que, durante su primer mandato, el Gobierno desplazó más agentes a la frontera y registró una reducción en los cruces ilegales en casi un 80 % con respecto al año 2000.

Grupos pro-reforma como America’s Voice coinciden con Obama en que la reforma está “al alcance” porque, entre otros factores, el Gobierno ha invertido más en la vigilancia fronteriza y ha cumplido con las exigencias de los conservadores en torno al asunto.

“La frontera está más segura que nunca” y volver a condicionar la reforma a diversos hitos en la seguridad fronteriza “ya no tiene peso, y quienes la siguen esgrimiendo sólo buscan impedir el avance de la reforma”, dijo a Efe Maribel Hastings, analista del grupo “America’s Voice”.

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