Proteger a los votantes

Los derechos de los votantes han avanzado mucho desde 1965, fecha en que se promulgó la ley que garantiza el acceso a las urnas. No obstante, la legislación sigue siendo tan necesaria hoy como hace 40 años.

La Corte Suprema de Justicia escuchará la semana que viene un caso en donde el condado de Shelby, en Alabama, solicita que se elimine la Ley de Derechos del Votante de 1965 la Sección 5. Allí se establece que nueve estados, Alabama, Alaska, Arizona, Carolina del Sur, Georgia, Lousiana, Mississippi, Texas y Virginia— además de una lista de condados y municipalidades de otros estados— deben obtener el permiso del Departamento de Justicia o de los tribunales federales antes de hacer algún cambio que tenga impacto en el voto.

La aseveración de los demandantes es que estas protecciones al voto de las minorías ya no son necesarias y, aseguran, el mejor ejemplo de ello es la elección de un presidente afroamericano.

Sin embargo, precisamente en la elección pasada quedó demostrado que es necesario mantener la integridad de la ley. Por un lado, un tribunal federal rechazó tres de los planes de redistribución de distritos electorales por considerar que fueron promulgados con un propósito de discriminación. Por el otro, en numerosos estados con mayorías republicanas se establecieron leyes supuestamente para combatir el mal inexistente del fraude electoral de parte de los votantes . En realidad el motivo era limitar el acceso de las minoría —que votan mayormente demócrata— a las urnas, tal como fue reconocido en Florida posteriormente a la elección .

La reelección del presidente habla de los grandes avances en derechos civiles de las últimas décadas. Pero los trucos que se intentaron llevar a cabo en estados que deben solicitar autorización, es el mejor ejemplo de la necesidad de no diluir una ley vital para nuestra democracia.

La Opinión/ImpreMedia

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