‘Levantones sexuales’ contra las mujeres en México

‘Levantones sexuales’ contra las mujeres en México
Lourdes Muñiz muestra el cartel con el que busca a su hija y otras jovencitas desaparecidas en el Estado de México.
Foto: especial EDLPGardenia Mendoza

MÉXICO, D.F. — “Por favor, no tires esta tarjeta porque mañana pudieras ser tú o tu hija, esposa, hermana o madre”. Lourdes Muñiz relee este mensaje impreso en pequeñas cartulinas que reparte en la calle, en el metro y en centros comerciales desde el secuestro de su hija María Bárbara Reyes.

La familia de “Barbie”, como se le conoce a esta joven de 17 años raptada desde octubre de 2011, se mudó a Cuatitlán Izcalli, Estado de México sin saber que el municipio conurbano a la capital mexicana se convirtió en refugio del crimen organizado para el narcomenudeo, cobro de piso, secuestro y desaparición de jóvenes.

“Creo que mi hija es su esclava sexual”, resume la madre con los ojos enrojecidos de odio, tristeza y asombro: el principal sospechoso es un vecino que presuntamente controla la venta de droga al menudeo para uno de los cárteles que se disputan la zona manchada de sangre por ajuste de cuentas.

En ese contexto se suma la desaparición de 12 chicas en los últimos meses en dos colonias del municipio y más de siete mil en todo el país según los cálculos más conservadores de organizaciones feministas.

Células de los cárteles del narcotráfico Zetas, Caballeros Templarios, el Cartel del Golfo y Nuevo Milenio diversificaron sus operaciones ilícitas a la trata de personas en distintas modalidades, según la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina (CATWLAC). Esta esclavitud moderna representa su tercera fuente de ingresos después de las drogas y el secuestro común.

“Algunas de las jóvenes secuestradas las convierten en amantes de los jefes o como juguetes sexuales de la tropa con altas posibilidades de ser asesinadas y a otras las envían directamente a la prostitución”, describe Sanjuana Martínez, escritora y cronista, autora del libro La Frontera del Narco.

La participación de este tipo de organizaciones criminales llevó el comercio de personas a entidades que anteriormente no eran muy afectadas como Veracruz, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila y modificó las formas de trata en entidades donde no eran frecuentes las desapariciones violentas como el Estado de México.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio documentó entre 2010 y 2011 la muerte por violencia sexual de 4,112 mujeres y la desaparición de 7,088 en todo el país que podrían estar relacionados a los “levantones del placer” como los llama la coordinadora de la organización María de la Luz Estrada.

“Comenzaron en el norte, pero es obvio que se han extendido en todo el país y nos han tomado por sorpresa”, reconoce Bárbara Ybarra, fundadora de la organización Buscamos a Nuestras Hijas, en Veracruz (sureste), tras el rapto y asesinato de su hija Gabriela Arlene Benítez.

“Con la llegada de los Zetas comenzaron las desapariciones de muchachas, pero no lo relacionábamos hasta que los padres nos conocimos y sacamos conclusiones: por ninguna pidieron dinero y todas tenían casi la misma edad”.

También el mismo perfil físico: morenas, de cabello largo y lacio, delgadas y con menos de 20 años. “Se me enchina la piel cuando veo a las otras muchachas, muchas se parecen a mi Gaby”.

Gabriela desapareció en la ciudad de Xalapa, capital veracruzana, el 13 de julio de 2011, cuando salió de casa para hacer ejercicio. Su cadáver apareció tres meses después en un campo baldío con la cabeza separada y sin brazos. No se supo si hubo violencia sexual porque la policía local cremó el cuerpo sin autorización.´

Sólo dijeron a la familia que murió por asfixia, probablemente porque una bolsa plástica que obstruyó boca y nariz, pero desconocían el resto de agravios.

En medio del dolor de reconocer a su hija desfigurada, Bárbara sólo entendió una cosa: sin abogados ni conocimiento legal, cualquiera que pasara por una situación similar viviría un infierno en vida con la impunidad. Por eso fundó Buscamos a Nuestras hijas que ya asesora los primeros 10 casos.

“Tenemos un año sin recursos para financiar siquiera una oficina, pero por algo se empieza”, describe.

Del otro lado del país, Silvia Ortiz, madre de Silvia Stephani Sánchez, de 16 años, quien desapareció en Torreón (Coahuila) desde el 5 de noviembre de 2004, sabe de lo que significa hacer la búsqueda por cuenta propia frente a la impunidad.

“Las familias de mujeres desaparecidas encontramos frente a un monstruo al que las autoridades muchas veces alimentan por complicidad, negligencia o desconocimiento”, resume.

Silvia fue aparentemente secuestrada cuando visitó el barrio a una de sus amigas que vivía en el mismo vecindario del que ella se mudó meses atrás.

La última vez que la vieron, ella caminaba frente al club Fox, el bar desde donde la chica era acosada por hombres desconocidos y armados que llegaban en camionetas nuevas con placas de Tamaulipas y Texas.

“Cuando vivíamos ahí le decían cosas horribles, groserías asquerosas”, recuerda la madre sobre el antro cuyos dueños fueron asesinados poco a poco de manera violenta en Coahuila, Tamaulipas y Guadalajara.

Ahora Silvia hace sus propias investigaciones apoyada por una abogada de CATLAW, la organización internacional contra la trata.

Desconfía de las autoridades a pesar de que desde el año pasado México cuenta ya con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas, que obliga a los estados y municipios perseguir el delito por oficio y a coordinarse entre entidades.

Las reservas de esta madre parte de hechos concretos: los dos últimos fiscales antisecuestros del estado –Enrique Ruíz Arevalo y Gerardo Aidé Segur- terminaron mal: uno fue levantado y otro está prófugo de la justicia.

Además, el perito que integró la averiguación resultó ser amigo del dueño del bar relacionado a la desaparición de su hija, una situación muy común en el tema de la trata de personas.

El sacerdote Alejandro Solalinde, fundador del albergue Nuestros Hermanos en el Camino, en Ixtepec, Oaxaca, reconoce que en esa región clave del país, las autoridades permiten la operación de centros nocturnos a pesar de que se ha documentado de las redes la trata de mujeres centroamericanas en la que están involucrados delincuentes Zetas.

“A la mayoría las secuestran del tren de carga donde ellas viajan, las ponen a trabajar como bailarinas en el tubo y las prostituyen”, describe en entrevista telefónica. “Son incontables las historias de jóvenes que han escapado y llegan al albergue. Nosotros hacemos la denuncia, pero no pasa nada”.