Extraditarán a alto oficial antidrogas
EDITORES: Agrega cita de la procuradora a cargo del caso y declaración del abogado del oficial
SANTO DOMINGO/AP Elex jefe de operaciones de la agencia dominicana antidrogas, Francisco Hiraldo, aceptó ayer su extradición voluntaria a Estados Unidos, donde es acusado de proteger a narcotraficantes a cambio de dinero y cocaína.
“No he recibido presión ni he sido constreñido para decidir irme voluntariamente”, dijo el contralmirante de la Marina jubilado ante los jueces de la cámara penal de la Suprema Corte de Justicia, que estudiaban la solicitud de extradición enviada por el gobierno estadounidense.
Hiraldo es el oficial de más alto rango dentro de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) que ha sido solicitado en extradición por Estados Unidos por su presunta vinculación con el trasiego de estupefacientes.
La Suprema Corte analizaba el expediente debido a que de forma original Hiraldo había rechazado a finales del 2012 su traslado voluntario y en cambio pidió enfrentar el juicio de extradición para “desmentir la infamia que pesa en mi nombre”.
De acuerdo con las leyes locales, para que República Dominica extradite a alguno de sus ciudadanos, la Suprema Corte debe determinar mediante un juicio si existen pruebas suficientes que muestren los vínculos del imputado con los cargos que se le acusan, a menos que el implicado acceda de forma voluntaria a su traslado.
En una audiencia anterior, Hiraldo había exigido que el gobierno estadounidense revelara los nombres de los supuestos testigos que lo señalan como cómplice de narcotraficantes.
Ramón Pina, abogado de Hiraldo, se abstuvo de explicar en la audiencia del lunes las razones por las que su cliente cambió de opinión, pero insistió que ello no significa que acepte su culpabilidad sino que prefiere enfrentar los cargos en Estados Unidos.
El oficial jubilado enfrenta en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York cuatro cargos por narcotráfico y por haber usado sus funciones en la DNCD para brindar protección durante nueves años a narcotraficantes para el trasiego de cargamentos de drogas de Sudamérica a República Dominicana a fin de enviarlos a Estados Unidos.
