La formidable máquina de deportar

En su primer período de gobierno el presidente Barack Obama registró un récord en las deportaciones: 1.6 millones en los últimos cuatro años. En promedio, el presidente está deportando unos 400 mil al año, un nivel récord.

Muchos se preguntan, ¿por qué una administración comprometida con una completa reforma expulsaría al mayor número de personas en la historia de Estados Unidos?

Obama y su gente explican que la intensificación de sus esfuerzos de “control fronterizo” y de detener y deportar inmigrantes es necesario para descalificar los argumentos republicanos de que antes de cualquier reforma migratoria es necesario lograr tener una “frontera segura”. ¿Quién les cree?

Lo cierto es que la maquinaria del control migratorio en Estados Unidos se ha vuelto demasiado grande. La Casa Blanca destina más fondos a la aplicación de las leyes inmigratorias que a todas las demás actividades de cumplimiento de la ley juntas.

En los 25 años transcurridos desde que el Congreso legislativo aprobó las primeras normas de un sistema más severo contra el ingreso de indocumentados, el gasto en los servicios de inmigración llegó a $219,000 millones, según un estudio del Institute for Migration Policy.

El gobierno de Obama invirtió alrededor de $18 mil millones en el control de la inmigración en 2012.

Un artículo del diario USA Today destaca cómo el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y el Departamento de Seguridad Interna (DHS) se han enfocado en alcanzar cifras establecidas para las deportaciones.

Un informe reciente de la Universidad de California, Merced, señala que en 2011 fueron expulsados 188,382 extranjeros por la comisión de delitos: casi el 25% después de cumplir alguna condena relacionada con drogas (que incluyen la posesión de marihuana ) otro 23% por infracciones de distinto tipo (incluso el manejar con exceso de velocidad ) y un 20% por infringir las leyes migratorias (entrada ilegal repetida).

Aunque la legislación de 1986 puso la base del actual sistema, su financiamiento e implementación solo empezó realmente luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001, cuando la represión a la inmigración se convirtió en piedra fundamental del nuevo enfoque antiterrorista.

El resultado fue una política de guerra total contra los indocumentados. Antes, el gobierno tendía solamente a deportar a los inmigrantes que hubieran cometido delitos graves. Pero después, el Congreso añadió una nueva categoría legal que solo es usada en las normas migratorias, la de “delito agravado”, endureciendo las penas contra 50 infracciones que hasta entonces eran consideradas menores o simples faltas.

Las nuevas políticas, trazaron un inexorable lazo entre el sistema de justicia penal y el de inmigración.

Esto determinó un incremento sin precedentes en el número de procesos penales contra inmigrantes, lo cual ha nutrido un sistema de detención nacional creciente para esta comunidad, con más de 250 centros de detención.

Durante la última década han estado detenidos más de 3 millones de inmigrantes en total, reportó Human Rights Watch.

Miles de familias han sido separadas debido al singular enfoque del Congreso en reprimir más que en crear un proceso para que los inmigrantes soliciten la ciudadanía.

Un informe del Centro de Investigación Aplicada (CEA) estima que fueron deportados más de 46,000 padres de niños estadounidenses en el período de enero a junio de 2012 y que muchos niños ahora están separados de sus padres, a veces para siempre. A veces nunca vuelven a verlos.

En entrevista con Telemundo el presidente Barack Obama dijo que no puede detener las deportaciones hasta que no se reforme el régimen aplicado a los inmigrantes ilegales.