Corte de Connecticut negaría inmunidad a Ernesto Zedillo

Un tribunal en México decidió que el expresidente debe enfrentar los cargos en su contra como ciudadano de EE.UU. por encubrir una masacre de 45 campesinos a finales de 1990
Corte de Connecticut negaría inmunidad a Ernesto Zedillo
La corte estadounidense tendría así jurisdicción porque Zedillo es ahora profesor en la Universidad de Yale y un residente de Connecticut.
Foto: AP / Archivo

Ciudad de México, – Una corte federal de Hartford, Connecticut, podría actuar en contra del ex Presidente Ernesto Zedillo después de que un tribunal mexicano decidió que la causa que se le sigue es personal, y no como ex mandatario.

La corte estadounidense tendría así jurisdicción, porque el ex mandatario es ahora profesor en la Universidad de Yale y un residente de Connecticut.

El tribunal en México decidió que el ex Presidente Zedillo no tiene inmunidad como ex jefe de Estado, y debe enfrentar los cargos en su contra como ciudadano residente de Estados Unidos, dijo este fin de semana la prensa norteamericana.

Se trata de un fallo de primera instancia judicial que ya fue impugnado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y por el Ministerio Público Federal (MPF) adscrito al juzgado que otorgó el amparo.

Matthew D. Gordon, un abogado de West Hartford que representa a los demandantes, dijo que todavía está analizando el fallo de la corte mexicana, que establece que la demanda contra Zedillo es personal y no en contra de México, por lo que no le corresponde protección o inmunidad.

El tribunal federal local no se había pronunciado sobre la petición de solicitud de inmunidad de Zedillo, que fue recomendado por el Departamento de Estado norteamericano después de recibir una petición del embajador mexicano. La decisión del tribunal mexicano podría interpretarse como que Zedillo se excedió en su autoridad.

Zedillo enfrenta cargos por una demanda que alega que él conocía y ayudó a encubrir la masacre de 45 campesinos mexicanos a finales de 1990. El Presidente de México de 1994 a 2000 ha vivido en Connecticut durante los últimos 13 años y enseña ciencias políticas y economía internacional en Yale.

Zedillo no devolvió las llamadas de agencias como Associated Press y otros medios estadounidenses.

La demanda de 53 páginas fue presentada en Estados Unidos ante el Tribunal de Distrito de Hartford, en septiembre de 2011, por la firma de Miami Rafferty, Kobert, Tenenholtz, Bounds & Hess, y Gordon, que está actuando como asesora legal local.

La demanda, que se presentó en nombre de 10 demandantes anónimos, afirma que Zedillo fue responsable de la masacre en 1997 por grupos paramilitares en la aldea de Acteal, en el sureño estado de Chiapas, y trató de encubrirlo.

Fue presentada anónimamente porque los demandantes dicen temer represalias.

EL DEPARTAMENTO DE ESTADO ES CLAVE

Matthew D. Gordon dijo a la prensa estadounidense que le gustaría que el tribunal pidiera al Departamento de Estado un nuevo examen formal de la solicitud de inmunidad. Pero reconoció que no hay garantías de que el gobierno de EU dé marcha atrás en su decisión.

Añadió: “Nos gustaría creer que el Departamento de Estado no tenía ni idea de que el embajador mexicano estaba actuando fuera de la Constitución de su país. Vamos a poner a la corte al tanto de eso, y solicitar al tribunal que admita alegaciones verbales”.

Poco después de que se presentó la demanda, Zedillo dijo a la Associated Press que “las acusaciones, según ha informado la prensa, son totalmente infundadas y falsas”.

“Es obvio para mí que el que está detrás de esa demanda no busca realmente justicia para las personas inocentes cuyas vidas fueron tan dolorosamente devastadas por ese crimen atroz”, agregó Zedillo.

La masacre ha sido descrita como uno de los peores casos de violencia en un conflicto que se inició cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) llevó a cabo el levantamiento militar del 1 de enero de 1994.

En dos horas, los paramilitares, con el supuesto apoyo del gobierno, atacó a un grupo en un momento de oración en Acteal, Chiapas. Los 45 muertos incluyeron 18 mujeres embarazadas, siete hombres, 16 niñas de edades comprendidas entre ocho meses y 17 años, y cuatro niños de entre dos y 15 años.

Otras 26 personas resultaron heridas, en su mayoría niños; cuatro de ellos con lesiones permanentes.

La demanda acusa a Zedillo de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, crueldad, inhumanidad y terror degradante terror; también lo señala por violencia para violar la libertad de asociación, el uso del terror y la violencia para violar la libertad de pensamiento, de opinión política y la libertad para ejercer el sufragio político.

La demanda implica a varios funcionarios gubernamentales y judiciales y a agencias en dos países.

La pretensión de inmunidad de Zedillo llevó a una dura respuesta de los demandantes, como se demuestra en documentos de la corte reseñados principalmente por la prensa estadounidense.

Las motivaciones detrás de esta demanda y hasta el pago de honorarios han sido motivo de controversia. Jonathan Freiman, presidente del Grupo de Apelación, ha llamado a la demanda “claramente política”.

Dijo que no tiene “conocimiento personal acerca de quién está detrás de la demanda, y pidió que “cualquiera que sea la motivación, o quiénes son los demandantes en realidad, se trata de una demanda infundada y debe ser desestimada sin demoras”.

Los demandantes buscan una indemnización por una cantidad que el tribunal considerará oportuna. La demanda alega que Zedillo dejó caer las negociaciones con los zapatistas y armó milicias entrenadas para luchar contra ellos. También afirma que Zedillo sabía de la matanza de Acteal; la encubrió y violó las leyes internacionales de derechos humanos bajo la Convención de Ginebra, así como otras leyes.

Zedillo fue galardonado con el Premio a la Democracia y la Paz 2001; el Instituto de las Américas reconoció al ex Presidente Zedillo como un “reformador ejemplar y modernizador de las leyes electorales de México”.

También fue galardonado con el Franklin D. Roosevelt Freedom Award 2002 por haber “dirigido una revolución pacífica que ha fortalecido la democracia y trajo prosperidad y el respeto de los derechos humanos a la gente de su país”.

Después de la masacre, Zedillo pidió una investigación completa a organismos nacionales e internacionales. Él cooperó.”El ataque en Acteal fue una tragedia terrible”, dijo Freiman a Robert Cyr, de CTLatinoNews.

“Pero esa tragedia no fue el resultado de una conspiración elaborada por el gobierno federal mexicano. Los demandantes anónimos han sido denunciados por Las Abejas, organización que representa a las víctimas de la masacre de Acteal, como impostores y por manipular “la memoria de los mártires de Acteal… con fines político-electorales y económicos”.

DÍAS DE TRIBUNALES

Hace apenas unos días, el ex Gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, acusó al ex Presidente Zedillo de haberse servido de pruebas y testimonios falsos para montar en su contra un caso por crimen organizado.

En una carta manuscrita que publicó el rotativo Por Esto!, Villanueva acusó a Zedillo de urdir contra él “una campaña” en medios de comunicación “con la evidente intención de llevar a cabo un linchamiento público” en su contra a fines de su mandato.

La misiva señaló que la campaña de desprestigio consistió en vincular a Villanueva con “hechos ilícitos” relacionados “con el narcotráfico”.

A fines de los años noventa, el ex Gobernador obtuvo un documento con las acusaciones en su contra y supo en una reunión con un responsable del Centro de Información y Seguridad Nacional (Cisen) cuya identidad no detalló, que él mismo procedía “de más arriba” que la Secretaría de Gobernación.

“El director del Cisen reconoció que la información del documento no era cierta y, ante mi pregunta respecto a quién le había dado las instrucciones para elaborarlo, me respondió que la orden fue dada desde Los Pinos, del Presidente de la República”, apuntó Villanueva.

El diario no precisó si ese alto funcionario que le hizo la revelación a Villanueva fue Jorge Tello Peón o si se trató de Alejandro Alegre Rabiela, quienes estuvieron al frente del Cisen en esos años.

El exgobernador también acusó a los dos anteriores presidentes de México, Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012), de haber continuado con el montaje “por intereses político-electorales”.

Villanueva, gobernador del estado de Quintana Roo de 1993 a 1999, desapareció tras concluir su mandato cuando estaba bajo investigación de las autoridades mexicanas por crimen organizado y permaneció fugitivo durante dos años hasta que fue arrestado en México en 2001.

Se convirtió en el primer ex Gobernador mexicano en ser extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico y lavado de dinero, proceso que aún está en marcha ante un tribunal federal de Nueva York.