Hay acuerdo, faltan los detalles

WASHINGTON, D.C.— Negocios y el movimiento laboral cumplieron, al menos en la primera parte, que era llegar a un acuerdo antes de que se presente la propuesta de reforma migratoria del “Grupo de los 8” en el Senado.

“Es un gran paso. Áreas como la verificación de empleo deben resolverse aún. Van por buen camino”, dijo Héctor Barreto, presidente de Latino Coalition.

Ahora, cada detalle cuenta para diseñar un sistema efectivo. Un problema urgente es el reclutamiento de trabajadores. Varios contratistas cobran altas sumas de dinero para trabajar en EEUU. Esto incluye costos de vivienda, transporte, etc. Miles de personas han experimentado problemas derivados, como por ejemplo, el hacinamiento y las estafas.

El nuevo acuerdo pretende subsanar este punto. “Habrá un registro para contratistas, en el Departamento del Trabajo (DOL). Tendrán que consignar su nombre, dirección, con quién realizan negocios y las condiciones de empleo. Esta agencia tendrá la capacidad de auditarlos para asegurase que no están adhiriendo honorarios inadecuados. Si cometen violaciones serán expulsados del programa”, explicó Ana Avendaño, asistente del presidente y directora de inmigración y acción comunitaria de AFL-CIO. “No pueden cobrar por transporte, vivienda. Los trabajadores serán responsables por pagar los costos asociados al procesamiento de la vis. Los gastos del programa serán responsabilidad del empleador”.

Expertas como Noemi Tsu, abogada de Southern Poverty Law Center, esperan una mayor vigilancia en este tema. “Una vez que sean expulsados podrían volver al sistema, operando a través de un familiar, por ejemplo […] Lo que se necesita es que los empleadores se hagan responsables por la forma en que se recluta y contrata a la gente”, aseguró.

Otro tema poco definido son las protecciones de salud a las que tendrán acceso los trabajadores con visa W.

“No está claro aún si la reforma de salud los considerará elegibles para las bolsas de seguro médico, esa es otra pregunta abierta. Sin embargo, los empleadores deben proporcionar seguros de salud y entendemos que estarán cubiertos por las leyes locales, como los otros trabajadores. Si tienen un accidente, recibirán compensación”, comentó Avendaño.

Una de las áreas donde la Cámara de Comercio y AFL-CIO tuvieron más problemas fue la determinación de los niveles de salarios. El acuerdo habla de sueldos en niveles justos, pero no entrega detalles respecto a la fórmula que se utilizará.

“Estamos esperanzados, pero hasta que no veamos la regulación no sabremos cuán positivo será este cambio para los nuevos trabajadores y para el mercado laboral estadounidense. Por el lenguaje que utilizaron parece ser algo positivo, pero no sabemos aún”, dijo Daniel Costa, analista de inmigración en Economic Policy Institute.

“El Secretario del Trabajo determinará el nivel apropiado de salarios. El sistema actual rebaja los sueldos al nivel mínimo. Estamos confiados que cuando se emitan las regulaciones para este programa tendrán una metodología que garantice que los trabajadores tengan un salario decente, sin un impacto negativo”, enfatizó Avendaño.

Por ahora existe un optimismo generalizado entre los grupos proinmigrantes. Ali Noorani, director ejecutivo de National Immigration Forum, insistió en que el “momento es ahora y resaltó que su mayor preocupación “es que el proceso avance con rapidez en el Congreso”.

Algunos senadores han exigido más tiempo para trabajar en el proyecto de ley. El “Grupo de los 8” espera aprobar una reforma antes de receso legislativo de verano.