Stockton en Bancarrota

SACRAMENTO. — Los reidentes de of Stockton sentirán el impacto financiero durante años luego de que un juez federal fallara ayer lunes a favor de que la ciudad, de 30 mil habitantes, se convierta en la más poblada de la nación en entrar en bancarrota.

Pero el caso, que está siendo observado muy de cerca, podría resolver la interrogante sobre a quién deberían pagarle primero las ciudades que se encuentran en dificultades financieras — a los fondos de retiro o a los acreedores.

“No se si las crecientes pensiones puedan ser ajustadas”, dijo el Juez Federal de Bancarrotas, Christopher Klein al emitir su fallo. “Hay preguntas complejas y difíciles de la ley que puedo ver en el horizonte”. La potencial pregunta constitucional en el caso de Stockton es si la ley bancarrota federal prevalece sobre la ley de California que dice que el dinero que se debe al estado para el fondo de pensiones debe ser pagado.

Al emitir su fallo, Klein estuvo en desacuerdo con los acreedores quienes argumentaron que Stockton no demostró haber agotado todas sus posibilidades para fortalecer su situación financiera.

Klein dijo que era necesaria la declaración de insolvencia con el fin de que la urbe pueda seguir proporcionando servicios básicos.

“Me queda claro que la ciudad no podría desempeñar sus obligaciones con sus ciudadanos en seguridad pública fundamental y en otros servicios gubernamentales básicos sin el respaldo de la ley federal de bancarrotas, que tiene el poder de bloquear contratos”, señaló Klein.

La ciudad de casi 30,000 habitantes se ha vuelto emblemática de los excesos gubernamentales y de las calamidades financieras resultantes tras el estallido de la burbuja de la vivienda en la nación.

Los ingresos para el pago de salarios, prestaciones y reembolso de préstamos provenían del cobro de cuotas anticipadas a largo plazo a desarrolladores, así como en el aumento en las recaudaciones por impuestos a la propiedad. Pero todo eso se perdió debido a una serie de ejecuciones hipotecarias que comenzaron a mediados de la década del 2000 y un declive del 70% en la base de contribuyentes de la ciudad.

Los acreedores querían evitar que Stockton se declarara en bancarrota, un estatus que probablemente le permitirá evitar pagar todo lo que debe. Argumentaron que la ciudad no había reducido sus gastos lo suficiente ni había buscado un aumento fiscal que le hubiera permitido salvarse de la quiebra.