Organizaciones de ayuda están saturadas

Lograr la aprobación de una reforma migratoria en el Congreso federal se presenta complicado, pero implementarla para beneficio concreto de la gente será, según muchos activistas y organizaciones consultadas, un esfuerzo titánico que superará todo lo que hayan hecho jamás, incluso, la experiencia de los años ochenta con la Ley IRCA o de Amnistía, cuando se legalizó a casi 3 millones de personas.

“Una cosa es la legislación y otra que la gente la pueda usar y que tenga acceso a la legalización”, dijo María Blanco, vice presidenta de participación cívica de la California Community Foundation, una fundación que proporciona fondos para el trabajo comunitario.

La implementación de DACA (acción diferida para jóvenes indocumentados) sirvió de lección para algunas de las más grandes organizaciones pro inmigrantes: no se dieron abasto y los primeros días hubo largas colas y se daban citas con meses de retraso.

“Con DACA en Los Ángeles eran elegibles entre 120 y 140,000 personas y las agencias estaban inundadas de gente y les hacían falta recursos básicos, incluso para copiar documentos. Hacían falta abogados. Se tocaron los límites”, agregó Blanco. “Y si viene una reforma, estamos hablando de 1 millón de personas, sólo en el área de Los Ángeles”.

Si bien aún no se sabe que pasará con la reforma migratoria ni quienes se beneficiarán si es que una existe –todos asumen que así será- ya hay preocupación sobre cómo será posible abarcar la necesidad de información y ayuda de potencialmente millones de indocumentados buscando beneficiarse.

Daniel Sharp, director legal del Centro de Recursos Centroamericanos CARECEN, ya está viendo señales de lo que se avecina.

“Nuestro sistema telefónico está recibiendo más llamadas de lo que puede manejar ya en estos momentos y a veces simplemente se cae, no se puede entrar a revisar mensajes”, contó Sharp. “Y la gente no está llegando a nuestras clínicas legales con muchas preguntas ya sobre la posible reforma”.

Y esto es ahora, cuando apenas se está redactando un proyecto de ley que probablemente tardará meses en llegar a su firma final.

Al final, la gente acudirá a los recursos que encuentre y eso es precisamente lo que preocupa a organizaciones establecidas como CHIRLA, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles. Organización que, por cierto, nació con la legalización de 1986.

“Debemos crear una red que permita expandir los servicios y ayudar a la gente a llenar papeles. Ya estamos hablando de eso”, apunta Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA. “Si la gente no encuentra acceso en las organizaciones se va a ir al mercado privado. Pero el mercado privado es caro y no necesariamente siempre es legítimo”.

Muchos dudan de que exista la capacidad para ofrecer suficientes alternativas de bajo costo, con personal entrenado y un servicio de calidad para abarcar la cantidad de personas que se podrían beneficiar de una reforma, aunque sea apenas una fracción de los once millones de personas sin papeles en Estados Unidos.

“No creo que haya capacidad para atender a más del 5%, en ciudades como Los Ángeles quizá un 25% porque hay muchas organizaciones, pero también, es donde hay más indocumentados”, apuntó Sharp.

“Se necesitan más profesionales de servicios legales a nivel comunitario para servicios accesibles y baratos ya que de por sí creemos que el proceso va a estar un poquito caro”, agregó Jorge Mario Cabrera, portavoz de CHIRLA.

Las organizaciones ya están conversando, buscando fuentes de financiamiento y pensando en cómo ampliar sus capacidades, pero por el momento no es mucho lo que pueden hacer, en parte porque no saben cuál será la demanda y en parte porque todo cuesta mucho dinero.

Las organizaciones comunitarias sin fines de lucro y legítimas tienen dos dificultades: por un lado, los fondos para ampliar sus capacidades técnicas y de personal. Por otro, prepararse obtener entrenamiento y acreditación para poder asistir a la comunidad.

Toda organización que ofrezca información sobre un proceso legal y asistencia para recabar y presentar documentación debe estar acreditada y aprobada por el Departamento de Justicia (Proceso BIA). Algunas como las más grandes, Chirla y Carecen, lo están. Otras, aún muchas no lucrativas, no están acreditadas.

“Aún las organizaciones con buenas intenciones pueden estar haciendo las cosas mal”, dijo Sharp. “Si una organización no lucrativa, eximida de impuestos, no ha pasado por el proceso de acreditación, esencialmente están practicando ley sin licencia. Eso al menos garantiza que tienen personal capacitado y supervisión de parte de abogados”

Esa acreditación es algo que precisamente no hacen los “notarios” o “llena papeles” improvisados que seguramente surgirán y que hicieron su agosto con la amnistía de 1986. Ni tampoco reciben fondos de fundaciones y por lo tanto, cobran por un servicio que puede ser bueno o puede ser terrible, apuntan los activistas.

“Ya estamos viendo a esos notarios y llena papeles que le dicen a la gente que se apunte en una supuesta lista para la tarjeta verde y cobrando dinero”, señala Crystal Williams, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración. “Si alguien le pide dinero hoy para empezar la legalización, será mejor que salga corriendo”.

Según Clarissa Martinez de Castro, del Concilio Nacional de La Raza, se están buscando modelos para facilitar las solicitudes, en particular para personas con casos más sencillos que sean autosuficientes y puedan hacerlo solos. “El modelo sería una especie de Turbo Tax”.

“Aparte, estamos viendo como organizar una red de asistencia de legalización como la que se hizo para la ciudadanía con Ya es hora”, dijo Martínez.

Evan Bacalao, de la Organización Nacional de Funcionarios Electora NALEO, indicó que la información será el primer paso y luego el servicio. “Anticipamos tener un número hotline nacional para referir a las personas a organizaciones en su área a servicios de bajo costo”, dijo Bacalao. “No importa lo que pase en Washington, anticipamos que va a ser un programa más amplio que lo que hemos visto antes y va a necesitar un altísimo nivel de coordinación de gobierno, negocios y sector no lucrativo”.

Fundaciones como California Community Foundation, encabezadas por la que fuera presidenta de MALDEF por muchos años Antonia Hernández, están pensando cómo asistirán a las organizaciones.

“No sólo estamos viendo qué cantidad de dinero podemos dedicar a dar becas y préstamos a organizaciones sino también a las personas, porque va a costar caro este proceso”, dijo María Blanco de CCF. “Los números van a ser enormes, la complejidad tremenda, va a ser como un Tsunami, y no estamos preparados todavía”.