Desacuerdo por trabajos del campo

WASHINGTON, D.C.— Todavía no está claro si la propuesta de reforma migratoria que se presentará en el Senado tendrá un acuerdo listo sobre trabajadores agrícolas. Este es el último punto controversial en las negociaciones para un proyecto de ley.

Durante los últimos cuatros meses los senadores Dianne Feinstein (D-CA), Michael Bennet (D-CO), Marco Rubio (R-FL) y Orrin Hatch (R-UT) han estado en conversaciones con la Unión de Campesinos y representantes de empresas agrícola para regular la disponibilidad de trabajadores en la industria y sus condiciones de empleo.

La Unión de Campesinos estima que el sector cuenta con 600,000 personas trabajando con papeles y 1 millón de indocumentados.

Entre los principios anunciados por el “Grupo de los 8” se incluyó un camino rápido para la legalización de los trabajadores del campo que no tienen papeles.

Pero ahora, cuando se espera que los senadores presenten una propuesta en los próximos días, sindicatos y empresarios agrícolas tienen serias diferencias en cuanto a los salarios y número de trabajadores temporales que llegarán a Estados Unidos en el futuro.

Según dijeron las fuentes de La Opinión en el Congreso, “ya se había acordado que para la determinación de los salarios se utilizaría una fórmula que distinguiera entre distintos oficios en el área, para tener un reflejo más exacto de cada categoría”.

“Esto probablemente bajará algunas clasificaciones de sueldo. Esa fue una concesión importante que entregaron los sindicatos”, aseguró la fuente.

Pero la semana pasada el tema continuó causando controversias. “Algunos grupos insistieron en sueldos más bajos y eso fue visto como poco razonable e inflexible”, aseguró. “Tampoco quieren tener la obligación de promocionar los empleos y el sueldo disponible”, agregó.

Fuentes vinculadas a las negociaciones confirmaron que otro de los puntos complejos es el número máximo de trabajadores agrícolas que serán permitidos en un programa temporal futuro.

Hasta el momento, los grupos de empresarios han pedido que no exista un límite de personas que puedan ingresar al país, lo que es inaceptable para los sindicatos.

“Seguimos negociando. Para nosotros no es una pregunta de si los trabajadores ganan mucho o no. Ellos merecen un sueldo justo y es importante que la industria establezca parámetros adecuados”, explicó María Machuca, directora de comunicaciones de la Unión de Campesinos.

Consultados por La Opinión, fuentes empresariales, como American Farm Bureau, no formularon comentarios respecto a su postura.

Los sindicatos han emulado la postura que adoptó AFL-CIO hace algunas semanas, cuando la tensión también se apoderó de su diálogo con la Cámara de Comercio.

Es así como han redoblado la presión popular sobre negocios e incluso parecen abiertos a la posibilidad de que se presente un proyecto de ley sin un acuerdo para trabajadores agrícolas.

Pero fuentes vinculadas al “Grupo de los 8” no creen que la propuesta avance sin esta pieza. “Es una parte muy importante de la legislación.

Sin ella no se podrá asegurar un flujo legal de trabajadores que funcione y se repetirían los problemas que vemos ahora”, aseguró.

Esta semana, una delegación de más de 100 jornaleros llegó a Washington para hablar con miembros del Congreso.

Fuentes vinculadas a las negociaciones reconocieron “estar más optimistas”, luego de lo que se conversó el fin de semana y esperan tener un acuerdo entre ambos sectores lo antes posible.

Todavía no existe una fecha clara respecto a cuándo se presentará el proyecto de ley en el Senado.