Inmigrantes son expulsados sin derecho a un abogado

Inmigrantes son expulsados sin derecho a un abogado
La francesa Florence Cassez cuando hablaba con los periodistas a su llegada a París, Francia, el 24 de enero de 2013, procedente de Ciudad de México.
Foto: ap

MÉXICO, D.F. — El día a día de las estaciones migratorias de México es una contradicción a las nuevas políticas que el gobierno mexicano pregona sobre la justicia, según el más reciente informe de la organización civil Sin Fronteras sobre centros de detención en Villahermosa y Tenosique (Tabasco), y el de Iztapalapa, en el Distrito Federal.

Actualmente el 90% de los indocumentados detenidos por el Instituto Nacional de Migración son devueltos a sus países de origen después de permanecer hasta dos meses retenidos sin información sobre su repatriación, sus derechos y sin acceso a un abogado.

Son víctimas de violaciones al debido proceso legal, una causa que sirvió de argumento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la liberación en enero pasado de la francesa Florence Cassez, acusada de secuestro y delincuencia organizada.

El caso distanció a México de los galos durante el sexenio de Felipe Calderón porque al momento de la detención la mujer no pudo hablar con un defensor, entre otras faltas, como servir de show para que la Policía Federal demostrara su eficacia.

Sin un gobierno duro que los defienda, los “sin papeles” -mayoritariamente centroamericanos- carecen de representante legal que los lleve a buen fin, aún cuando son blancos de la delincuencia.

Sin Fronteras documentó durante dos años que las estaciones migratorias no cuentan con convenios que permitan la defensoría de oficio ni autorizan la intervención de organizaciones sin fines de lucro, aún cuando la asistencia consular es limitada o no nula.

“El estar retenidos sin posibilidad de movilización y sin conocimiento de su proceso los hace sentir como delincuentes”, observó Nancy Pérez, directora de Sin Fronteras. “Ni siquiera pueden poner una queja de manera correcta”.

En la estación migratoria de Iztapalapa , una mujer intentó presentar una queja porque el personal de migración la obligó a firmar su declaración a gritos y porque una madrugada entraron policías a inspeccionar el dormitorio de mujeres para maltratarlas, pero no hubo vías para denunciar los hechos.

A detalle de este documento, la Ley de Migración aprobada en 2011, “es una regresión en la protección de los derechos humanos de las personas migrantes” porque eleva a rango constitucional a los centros de detención y bloquea alternativas para llevar el proceso en libertad.