Violentas protestas deja varios muertos en Venezuela

CARACAS —El oficialismo desplegó ayer su inmenso poder para neutralizar la revolución pacífica encabezada por Henrique Capriles, que no reconoce los resultados electorales, exige el recuento de los votos y califica a Nicolás Maduro de “presidente ilegítimo”.

A la política de hechos consumados del chavismo, que el lunes proclamó presidente al “apóstol” de Chávez y que prepara para el viernes su toma de posesión, se sumó ayer una calculada ofensiva, que incluye “la toma pacífica de las calles contra el fascismo” y la arremetida contra el líder opositor.

A la cabeza, Diosdado Cabello, jefe del ala militar, quien responsabilizó a Capriles de la “violencia” desplegada en el país, y anunció una investigación en la Asamblea. “Nosotros vamos a por los jefes. Capriles y Leopoldo López mandan a sus bandas a destruir los consultorios de los cubanos”, acusó Cabello sin pruebas.

El diputado Pedro Carreño, mano derecha de Cabello en el Parlamento, fue más allá: “Eso de responsabilizar a Capriles es pura paja. Donde está el ministerio público para que lo mande a detener y que asuma su responsabilidad”.

Maduro, quien ayer insistió en que “yo soy el pueblo”, obtuvo el domingo 262,473 votos (1.77%) de diferencia sobre Capriles, cuando todavía no se han escrutado las papeletas de los emigrantes que seguramente reducirá la brecha en torno a 210,000 votos. Por el contrario, según los cálculos opositores, Capriles está arriba por algo más de 1%.

Fue precisamente el propio Maduro quien prohibió, en un arrebato televisivo, la gran marcha opositora que Capriles había convocado para llevar su protesta ante la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE). “Mano dura voy a poner contra el fascismo y contra los que atenten contra la democracia ¡Si me quieren derrocar, vengan por mí! Aquí les espero con el pueblo, con las fuerzas armadas”, clamó exasperado. “No vamos a tener otro 11 de Abril (una marcha opositora en 2002 que precedió al golpe de estado contra Chávez y que acabó con la muerte de 11 opositores, 7 chavistas y un fotógrafo). No van a emboscar a su propia gente, no les vamos a dejar”, remató Maduro.

Ya el lunes, Maduro había acusado de “golpismo” al gobernador de Miranda. “Quien pretenda vulnerar la mayoría en la democracia lo que está llamando es a un golpe de Estado”, expresó el presidente con tono amenazante. Ayer redondeó sus acusaciones ordenando a la Fiscalía que investigue a Capriles y López por “incitar al odio”. También culpó a EEUU de los hechos de violencia del lunes.

Capriles compareció horas después para suspender la marcha programada para hoy y ordenar a sus seguidores que se “recojan en sus casas. El Gobierno está infiltrándose (entre sus seguidores). Su agenda es la violencia. Nuestra protesta es pacífica y sólo persigue contar los votos. ¡Quiénes se pongan con la violencia no están en este proyecto!”.

En la cascada de apariciones de todos los poderes chavistas del estado, tampoco podía faltar la fiscal general del Gobierno. Luisa Ortega salió a la palestra pública con sus cifras: siete fallecidos, 61 lesionados y 135 detenidos, además de la “quema” de locales públicos como consultorios médicos o locales estatales de alimentación. Y acusó a Capriles de “atentar contra la vida del pueblo”.

Ortega amenazó con acusar a opositores de “instigación al odio, rebelión civil o delincuencia organizada”. Incluso “a una de las víctimas trataron de quemarla viva”, añadió sin aportar mayores datos.

Capriles desmintió las cifras del gobierno. “Estas muertes no son por las protestas. El gobierno tiene el control de la fiscalía y la Policía y son los que realizan las investigaciones. Donde hay incidentes es porque el gobierno lo promueve”, se defendió el gobernador.

La oposición no está sola en su reclamación del reconteo del 100 por 100 de los votos. Vicente Díaz, único rector independiente del CNE, insistió ayer en “hacer un proceso de apertura de las cajas que no nos cuesta nada. Ellas están resguardadas y no están siendo destruidas por las Fuerzas Armadas”.

La Internacional Socialista se unió a la solicitud de Díaz y Capriles, que también cuenta con el aval de la OEA. “Es necesario que se complete el proceso electoral y llegar a la certidumbre de lo que ha sucedido”, afirmó Luis Ayala, secretario general de la IS.