Exigen agilizar juicio a Ríos Montt

Solicitan continuar con las investigaciones por el genocidio en Guatemala

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Exigen agilizar juicio a Ríos Montt
Familiares y activistas promilitares salieron a reclamar justicia en una zona exclusiva de Ciudad de Guatemala.
Foto: Fotos EFE

Guatemala/EFE — Cientos de víctimas de la represión militar que vivió Guatemala durante la guerra, se manifestaron ayer frente a la Corte de Constitucionalidad (CC), para exigirle agilizar sus fallos para desentrampar el juicio por genocidio en contra del exdictador José Efraín Ríos Montt.

Con pancartas en las que reclamaban “justicia pronta” y compromiso “contra la impunidad”, los manifestantes, acompañados de activistas humanitarios, pidieron a los magistrados “no retardar” sus resoluciones para que el proceso pueda continuar.

El juicio fue suspendido temporalmente el viernes por el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, para que la CC resolviera una consulta sobre una resolución emitida un día antes por un juzgado de primera instancia que ordenó anular el proceso.

La CC debe resolver también la lluvia de recursos legales que, por su parte, han presentado los querellantes y los defensores, los primeros con el objetivo de desentrampar el proceso, y los segundos para anularlo de tajo.

Fuentes cercanas a la CC dijeron que los magistrados “podrían entrar a conocer los diferentes recursos a partir del lunes”, pero advirtieron que “debido a que existen diferentes criterios” la resolución de estos podría demorarse.

Por otra parte, en una colonia habitada en su mayoría por militares, en el este de la capital, unas 25 personas colocaron pancartas y pegatinas en los parachoques de los vehículos, con mensajes de apoyo a los procesados.

Los activistas, familiares y amigos de miembros del Ejército, reclamaron un “juicio justo” para Ríos Montt, y José Rodríguez, el otro de los procesados, y denunciaron la supuesta “intromisión” en el juicio de organismos internacionales para presionar a las autoridades judiciales.

Ríos Montt y Rodríguez son acusados de los delitos de genocidio y crímenes de guerra, por la muerte de 1,771 indígenas ixiles, entre marzo de 1982 y agosto de 1983, cuando el primero gobernó de facto Guatemala, y el segundo fue jefe de la Dirección de Inteligencia Militar.