Operación limpieza del chavismo

Caracas — “Busquemos nuestras fallas hasta debajo de las piedras, no podemos poner en peligro a la patria ni el legado de nuestro comandante”. En la misma noche electoral del 14 de abril, un enigmático tuit de Diosdado Cabello, líder del ala militar y nacionalista del chavismo, parecía llamar a la autocrítica tras una victoria muy estrecha para el oficialismo. Al menos así fue traducido dentro y fuera del país.

Se equivocaban. No se trataba de encontrar políticas económicas fallidas o de reconocer los estridentes errores de la campaña oficialista. Las “fallas” eran otras. En aquel momento, y con esas palabras, comenzaba la Operación Limpieza.

“Estoy esperando el informe final de la sala situacional y se lo voy a decir, los vamos a botar (despedir), para que sepan, para que estén bien claros. Esto no lo podemos permitir nosotros”, enfatizó horas después Leonet Cabeza, director de Deportes de Zulia, mientras amenazaba a sus trabajadores. “Aténganse a las consecuencias, defiéndanse de las consecuencias. Lamentándolo mucho, los contratados, los fijos, botados, vayan a pelear”, amenazó el dirigente chavista a todos aquellos que votaron por Capriles. Uno de los presentes grabó la arenga y la subió a Internet.

“Me importa en absoluto lo que dicen las normas laborales, en esta situación no me importan”, clamó categórico Ricardo Molina, titular de Vivienda, tras amedrentar a los trabajadores de su ministerio. “Yo no acepto que aquí nadie venga a hablar mal de la revolución, que nadie venga a criticar a Nicolás. Quien quiera ser militante de ese partido, Voluntad Popular (opositor) que renuncie, porque si no renuncia yo mismo lo voy a botar”, añadió mientras su discurso era grabado por uno de los presentes.

La caza de brujas contra empleados públicos o beneficiarios de programas sociales comenzó al día siguiente de las elecciones. Y no sólo en el Ministerio de Vivienda o en Zulia. En Ciudad Caribia, poblado “modelo” socialista levantado cerca del aeropuerto de Caracas, se confeccionó una lista con los “mal agradecidos” que no votaron por Maduro pese a recibir una vivienda oficial.

En la Policía se revisaban los celulares para ver quién cargaba imágenes de Capriles. En Pdvsa y en Seniat (Hacienda) los empleados se protegían cambiando sus fotografías, incluso saliendo de las redes que compartían con opositores. En gobernaciones y bancos se revisaron los ordenadores del personal “sospechoso”. En la telefónica estatal se rastrearon los mensajes de texto.

En Venezuela se volvió a hablar de la Lista Tascón, nunca olvidada. Este diputado chavista confeccionó en 2003 un listado con los millones de ciudadanos que firmaron a favor del revocatorio contra Chávez. La información, subida a webs o grabadas en cds (se convirtieron en top1 del ranking de los buhoneros en la calle), fue utilizada por empresas públicas para negar empleo a los firmantes. Una persecución laboral que se extendió durante años en la Venezuela bolivariana y que fue más allá, al convertirse en un factor de miedo a la hora de acudir a las urnas.

“Aquí se impone recordar a un compañero que fue satanizado, Luis Tascón, aquí hay que hacer algo parecido a lo que planteó”, aireó públicamente uno de los sindicalistas de Sidor, una de las grandes industrias estatales de la Guayana.