Operación limpieza del chavismo

El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, habla en la sede del Parlamento en Caracas.
El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, habla en la sede del Parlamento en Caracas.
Foto: efe

Caracas — “Busquemos nuestras fallas hasta debajo de las piedras, no podemos poner en peligro a la patria ni el legado de nuestro comandante”. En la misma noche electoral del 14 de abril, un enigmático tuit de Diosdado Cabello, líder del ala militar y nacionalista del chavismo, parecía llamar a la autocrítica tras una victoria muy estrecha para el oficialismo. Al menos así fue traducido dentro y fuera del país.

Se equivocaban. No se trataba de encontrar políticas económicas fallidas o de reconocer los estridentes errores de la campaña oficialista. Las “fallas” eran otras. En aquel momento, y con esas palabras, comenzaba la Operación Limpieza.

“Estoy esperando el informe final de la sala situacional y se lo voy a decir, los vamos a botar (despedir), para que sepan, para que estén bien claros. Esto no lo podemos permitir nosotros”, enfatizó horas después Leonet Cabeza, director de Deportes de Zulia, mientras amenazaba a sus trabajadores. “Aténganse a las consecuencias, defiéndanse de las consecuencias. Lamentándolo mucho, los contratados, los fijos, botados, vayan a pelear”, amenazó el dirigente chavista a todos aquellos que votaron por Capriles. Uno de los presentes grabó la arenga y la subió a Internet.

“Me importa en absoluto lo que dicen las normas laborales, en esta situación no me importan”, clamó categórico Ricardo Molina, titular de Vivienda, tras amedrentar a los trabajadores de su ministerio. “Yo no acepto que aquí nadie venga a hablar mal de la revolución, que nadie venga a criticar a Nicolás. Quien quiera ser militante de ese partido, Voluntad Popular (opositor) que renuncie, porque si no renuncia yo mismo lo voy a botar”, añadió mientras su discurso era grabado por uno de los presentes.

La caza de brujas contra empleados públicos o beneficiarios de programas sociales comenzó al día siguiente de las elecciones. Y no sólo en el Ministerio de Vivienda o en Zulia. En Ciudad Caribia, poblado “modelo” socialista levantado cerca del aeropuerto de Caracas, se confeccionó una lista con los “mal agradecidos” que no votaron por Maduro pese a recibir una vivienda oficial.

En la Policía se revisaban los celulares para ver quién cargaba imágenes de Capriles. En Pdvsa y en Seniat (Hacienda) los empleados se protegían cambiando sus fotografías, incluso saliendo de las redes que compartían con opositores. En gobernaciones y bancos se revisaron los ordenadores del personal “sospechoso”. En la telefónica estatal se rastrearon los mensajes de texto.

En Venezuela se volvió a hablar de la Lista Tascón, nunca olvidada. Este diputado chavista confeccionó en 2003 un listado con los millones de ciudadanos que firmaron a favor del revocatorio contra Chávez. La información, subida a webs o grabadas en cds (se convirtieron en top1 del ranking de los buhoneros en la calle), fue utilizada por empresas públicas para negar empleo a los firmantes. Una persecución laboral que se extendió durante años en la Venezuela bolivariana y que fue más allá, al convertirse en un factor de miedo a la hora de acudir a las urnas.

“Aquí se impone recordar a un compañero que fue satanizado, Luis Tascón, aquí hay que hacer algo parecido a lo que planteó”, aireó públicamente uno de los sindicalistas de Sidor, una de las grandes industrias estatales de la Guayana.