Estado de sitio genera rechazo en Guatemala

Estado de sitio genera  rechazo en Guatemala
Dos personas observan el lugar donde fue hallada una bolsa negra que contenía la cabeza de una mujer en la población de San Rafael Las Flores.
Foto: EFE

Guatemala — La imposición por parte del Gobierno de Guatemala del estado de sitio en varias comunidades del este del país en las que se han registrado protestas violentas contra la explotación minera, ha generado polémica y rechazo por considerarse una medida que “criminaliza” la protesta social.

El presidente Otto Pérez Molina decretó el pasado jueves el estado de sitio en los municipios de Jalapa y Mataquescuintla, San Rafael Las Flores y Casillas, lugares donde hace una semana siete vecinos fueron heridos de bala supuestamente por agentes de seguridad de una mina privada de capital canadiense.

En rechazo a las agresiones, cientos de pobladores realizaron diversas manifestaciones en la zona que se tornaron violentas cuando un contingente de la Policía Nacional Civil (PNC) fue enviado el martes para proteger las instalaciones de la mina San Rafael, subsidiaria de la canadiense Tahoe Resources.

Esta mina, cuyas operaciones fueron autorizadas por el Gobierno a pesar de la oposición de los vecinos, desde hace más de un año ha sido foco de violentos incidentes que se han cobrado la vida de al menos cuatro personas, la última un agente policial el pasado martes.

Pérez Molina aseguró que la medida, que suspende las garantías constitucionales de los habitantes de esas comunidades, se requiere para tomar el control del área luego de que los vecinos retuvieran el martes durante varias horas a 23 policías y les quitaran sus armas de fuego.

Desde primeras horas del jueves, unos 2,500 soldados y policías apoyados con tanquetas y vehículos de asalto entraron en los municipios y detuvieron a 16 de los 18 líderes comunitarios contra quienes un juzgado penal había emitido el día anterior órdenes de detención.

La medida fue calificada como “un hecho de terror, violencia y represión” por la Marcha Campesina y Popular, una instancia de coordinación de más de una decena de organizaciones de labriegos e indígenas, que por medio de un comunicado denunció la “criminalización” de la protesta social por parte del Gobierno.

Por su parte, el procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León, expresó en conferencia de prensa su desacuerdo con la decisión del Gobierno porque, dijo, ese tipo de acciones “solo genera ingobernabilidad” y rechazo de parte de la población.