Cuestionan gasto de reforma

Grupo conservador afirma que nueva ley de inmigración cuesta $6.3 billones
Cuestionan gasto de reforma
Robert Rector, autor del reporte de Heritage Foundation sobre el potencial costo del plan de reforma.
Foto: AP

A pocos días de comenzar la discusión en el senado sobre el proyecto de reforma migratoria, uno de los grupos de influencia más importantes del mundo conservador en la capital del país publicó un estudio que le dará municiones a los opositores de la reforma, pero que fue rechazado de plano por otros conservadores y hasta por exempleados de la misma organización, Heritage Foundation.

La fundación argumenta que comparando lo que costarán al estado los servicios a las personas indocumentadas legalizadas por el proyecto del senado con lo que contribuirán en impuestos, el costo para el erario público será de 6.3 billones de dólares.

“Es un alto costo el que pagará nuestro país si hacemos otra amnistía”, dijo el ex senador Jim De Mint, quien preside la Heritage Foundation. “No será justo para los inmigrantes legales”.

La cifra y el estudio fueron difundidos este lunes, provocando una avalancha de reacciones en la misma semana en la que el senado comenzará la discusión del proyecto de ley. La mayoría de las reacciones provino de otros estudiosos y políticos en el mismo bando ideológico que Heritage Foundation.

El ex gobernador de Mississippi y otrora presidente del Partido Republicano, Haley Barbour calificó el reporte de “documento político, no un análisis serio”.

El principal problema con la matemática de Heritage, indicaron varios expertos, es que sólo toma un aspecto de la ley –la legalización de indocumentados- y un tipo de efecto de la misma: costo versus impuestos, sin tomar en cuenta otros efectos dinámicos de la legalización en la economía.

“Entre los efectos secundarios de una reforma migratoria adecuada están el crecimiento del mercado de vivienda, el reforzamiento del sistema financiero y otros. Los nuevos miembros de la comunidad son consumidores, compradores de casas y nuevos y futuros profesionales”, apuntó en un comunicado el Centro de Política Bipartidista de Inmigración, formado por demócratas y republicanos.

James Pethokoukis, del American Enterprise Institute (AEI), otro grupo conservador deploró la metodología del estudio. “Ignoraron por completo los efectos indirectos pero vitales de la legalización, como una mayor actividad económica que a su vez afectará y creará empleos para estadounidenses”.

Alex Nowrasteh, del Instituto CATO, una organización defensora del libre mercado y los principios libertarios, dijo que el estudio ignoró por completo los beneficios económicos de la disponibilidad de trabajadores de menor nivel educativo. “Estos inmigrantes ayudarán a crecer la economía y la productividad de los estadounidenses, aumentando indirectamente el ingreso por impuestos…hemos estimado que este crecimiento se traducirá en 1.5 billones en 10 años, aparte del beneficio directo”, dijo.

La Oficina de Presupuesto Congresional ha dicho que utilizará los cálculos de efecto dinámico para estimar el efecto de la ley ya que un trabajador inmigrante no es solo un pagador de ciertos impuestos o una persona que consume servicios: también es un generador de empleos, productividad y por supuesto, un consumidor.

Otros estudios han establecido ampliamente este efecto directo e indirecto y particularmente, que después de la legalización, la actividad económica de los inmigrantes recién legalizados aumenta notablemente, al igual que sus ingresos y capacidad de gastos. Los legalizados en 1986, por ejemplo, vieron sus ingresos subir en al menos un 15% en años subsiguientes.

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